El fallo de la Corte y la ley estatutaria tienen la misión de perfeccionar este acto legislativo, para así garantizar que un eventual acuerdo tenga sólidos cimientos de justicia y verdad.
No es frecuente que un acto público reúna a los principales representantes del poder público en Colombia, como lo consiguió ayer la audiencia convocada por la Corte Constitucional dentro de la demanda que la Comisión Colombiana de Juristas interpuso contra el Acto Legislativo 01 del 2012, mejor conocido como marco jurídico para la paz.
Que dicho foro haya reunido tanto al Presidente como al Fiscal, el Procurador y el presidente del Congreso, además de académicos, juristas y representantes de las víctimas de la violencia, entre otros, es un contundente indicador de la importancia de la decisión que se avecina sobre la exequibilidad o no de lo demandado, último paso que debe dar esta reforma de la carta política.
En medio de la disputa está nada menos que la posibilidad de que el Gobierno cuente con una herramienta para ponerle fin al conflicto y al mismo tiempo satisfacer en un grado que debe ser amplio el anhelo de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Tal perspectiva ha dado pie a un debate con sólidos argumentos a favor y en contra de este modelo de justicia transicional, cuya aplicación estaría circunscrita a un eventual acuerdo de paz.
En una orilla de la discusión se sitúan el Gobierno, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y no pocos académicos. Consideran que en este momento es prioritario acabar con el conflicto, lo que propiciaría un contexto favorable para la verdad y la reparación. Esta postura ya la ha respaldado este diario y hoy le reiteramos el apoyo por considerar que es el camino más seguro hacia un futuro en paz y, lo más importante, respetuoso de la dignidad de las víctimas.
En este sentido, en su intervención de ayer, el Primer Mandatario fue enfático en que el propósito de la iniciativa, al contrario de abrirle espacios a la impunidad, es «satisfacer de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado». Seguidamente negó que se quiera sacrificar la justicia para lograr la paz, sino que se trata de encontrar cómo lograr esta con un máximo de la primera.
En la orilla contraria, quienes presentaron la demanda ante el alto tribunal, que coinciden, entre otros, con el Procurador General de la Nación, argumentan que la pretensión de esta norma de centrar los esfuerzos en los máximos responsables y en los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra cometidos de manera sistemática –como reza el texto del artículo demandado– implica pasar por encima de quienes han padecido los horrores de la guerra. El Estado, argumentan, estaría así renunciando a su obligación de esclarecer todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto.
Una voz que merece especial atención es, desde luego, la de los afectados. En la cita de ayer, la tendencia entre sus voceros fue la de pedir que se les facilite acceder a la verdad con prelación, incluso, sobre el castigo para los victimarios. En esta línea, el camino de la justicia transicional asoma como el más confiable hacia tal objetivo.
El norte, pues, está claro: la oportunidad de ponerle fin al conflicto no se puede dejar pasar. Pero si se quiere una paz duradera, esta tiene que contar con sólidos cimientos de justicia y verdad. Para levantarlos hay que valerse de todos los aportes, incluso de los más críticos, y así garantizar que sea también una paz incluyente, que refleje lo diversa que es esta sociedad. La ley estatutaria pendiente y el mismo fallo de la Corte deberán valerse de estos aportes y así lograr que el marco sea más fuerte, pero, sobre todo, más amplio.
