La sensación que quedó después de la elección del nuevo defensor del Pueblo es que, se trataba de un triunfo burocrático del Partido de la U.
¿Por qué para la elección del nuevo fiscal general de la Nación el presidente habló de la necesidad de realizar una convocatoria pública y un proceso de transparencia, que incluyó audiencias ante la Corte Suprema de Justicia, y, en cambio, la elección del nuevo defensor del Pueblo se formuló una terna a discreción del mandatario y en menos de una semana ya se había elegido al candidato que estaba cantado desde el principio?
Aunque en su momento criticamos que el proceso público de conformación de la terna para la Fiscalía terminó en la elección de los candidatos que desde un principio eran los predilectos por el presidente Juan Manual Santos, sí respaldamos la idea de que quienes ocupen estos cargos deben ser seleccionados con total transparencia, y respondiendo a consideraciones de interés público y no conveniencia política. Eso garantiza la legitimidad de los órganos con funciones constitucionales esenciales para la ciudadanía.
Lastimosamente, la sensación que quedó después de la elección del nuevo defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, es que, independientemente de sus calificaciones, se trataba de un triunfo burocrático del Partido de la U.
Para probar lo anterior varios críticos del proceso han señalado que Negret era secretario del Partido de la U y ha estado ligado a la política a lo largo de su vida. Además, como lo explicó a El Espectador el colectivo Elección Visible, organización que cuestionó que ni siquiera se hiciera una audiencia pública para escuchar a los ternados y conocer sus propuestas, “hay una necesidad de que la sociedad civil cuente con un tiempo prudencial para analizar las hojas de vida de los candidatos y tener la posibilidad de pronunciarse sobre los perfiles de los ternados”.
Lo anterior no pasó, y la elección, abrumadora, coronó a Negret con 146 votos, no sin antes presentarse una situación irregular en la que se contaron 158 votos de 154 parlamentarios presentes.
¿Qué mensaje le envía eso al país? ¿Es ingenuo exigir que en posiciones de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría primen las consideraciones de la idoneidad de los candidatos? ¿Va a terminar el conflicto, pero la cultura política seguirá como siempre?
Insistimos, no estamos cuestionando las capacidades de Negret, a quien nos hubiera gustado conocer más antes de su elección. El problema es la incoherencia en los discursos del Gobierno y de varios congresistas, que hablan de transparencia pública, pero siguen fomentando este tipo de dinámicas.
Pasando a hablar de los retos particulares que enfrentará el nuevo defensor del Pueblo, no puede perderse la consolidación que esa entidad ha obtenido a partir de un trabajo juicioso en la protección de los derechos humanos y la denuncia de las situaciones que suelen pasar inadvertidas. De cara al aterrizaje de los acuerdos de La Habana, la Defensoría es la llamada a mantener su ojo vigilante en las zonas más afectadas por la violencia para ayudar a garantizar que no se estén ocultando nuevos problemas, o creando las condiciones para que surjan otros grupos armados.
Lo sabe Negret, quien dijo que las “funciones (de la Defensoría) se adaptan en momentos históricos, como el que se está viviendo en Colombia con los acuerdos de paz que pondrán fin al conflicto armado”. Clave en esa adaptación es el fortalecimiento institucional, más allá de cualquier interés político particular. Ojalá el nuevo defensor demuestre que su elección fue la decisión que necesitaba esa entidad.
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