Ambas partes deben buscar alternativas a partir de experiencias exitosas de otros países que han recurrido a la justicia transicional para poner fin a conflictos.
Luego del acuerdo con salvedades alcanzado sobre el primer punto de la hoja de ruta de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el turno es para el segundo tema de la agenda: la participación de este grupo armado en política.
Si hemos de atenernos a lo contenido en el pacto inicial, ha llegado la hora de discutir aspectos como los derechos y garantías que tendrían los integrantes de esa organización en caso de dejar las armas (requisito que, por supuesto, debe ser un inamovible) y la posibilidad de tener nuevos mecanismos de participación, junto con medidas para que esta tenga un mayor alcance, en un marco de igualdad y unas condiciones de seguridad.
Sin menospreciar la importancia de todo lo anterior, hay que ser claros en que lo que realmente está en la médula de este asunto son los obstáculos que encontrará la agrupación subversiva para convertirse en un movimiento político con aspiración de conquistar cargos de elección popular. Aspecto neurálgico que no daba más espera, y en esa medida hay que ver con buenos ojos que comience a ser abordado de una buena vez.
Su relieve se debe a que hablar de participación implica encarar el que bien puede ser el nudo gordiano del proceso. Este surge de una serie de restricciones que establece la Constitución, que no permiten a quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad –con excepción de delitos políticos o culposos– figurar en un tarjetón.
El interrogante que se abre, entonces, es hasta qué punto en Cuba se puede pavimentar el camino para que miembros de las Farc transiten hacia los cargos de elección popular, máxime si se habla no de delitos comunes, sino de lesa humanidad, con los agravantes que estos arrastran. No sobra recordar que, si bien todavía no hay condenas contra integrantes del secretariado por crímenes de lesa humanidad, sí es un hecho que avanzan a buen paso investigaciones que los involucran en conductas sistemáticas que constituyen delitos de tal tipo, como es el caso de los episodios de violencia sexual recientemente revelados por este diario, entre muchos otros.
También es una realidad que los acuerdos que se puedan alcanzar están en el ojo del mundo. Para la muestra tenemos lo ocurrido con el exdictador argentino Jorge Videla o el mismo Augusto Pinochet, que demuestra que el campo de acción de la mesa no es ilimitado y que hay que contar con variables fuera de su control.
Pero serán los altos tribunales colombianos los primeros en tener en sus manos bien sea la tranca que cierre la puerta o la llave que la abra hacia un desenlace exitoso. Es de esperar que en este caso la justicia obre con total imparcialidad, seriedad y transparencia, pues su actuar es definitivo para el avance del proceso. El gran reto es cómo lograr que las Farc pasen de las armas a las urnas sin que lo anterior signifique hacerle un esguince a la Constitución.
La guerrilla tiene que ser realista y demostrar claramente sus intenciones de paz. Ambas partes deben buscar alternativas a partir de experiencias exitosas de otros países que han recurrido a la justicia transicional para poner fin a conflictos, y así dar forma a una justa ecuación en la que en un lado estén la verdad y la reparación, y en el otro, salidas jurídicas y legítimas que no sean sinónimo de impunidad total.
Este asunto, sin duda, constituye un desafío enorme. Pero no por ello se justifica dilatar los plazos pactados.
