A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y luego de que la Unidad de Restitución de Tierras terminara el trámite de 700 solicitudes de reclamación de predios antes los jueces agrarios, familias beneficiadas con la entrega de los territorios en la margen izquierda del río Sinú, en Montería, han sido intimidados.
La situación se presentó en el predio conocido como Cedro Cocido, en la casa de la finca ─conocida como la mayoría─. La vivienda le fue asignada a una mujer, y antes de que ella la ocupara, varios hombres a caballo llegaron y se llevaron las puertas y las ventanas y destruyeron parte de la infraestructura, indicando que lo restituido fue el predio, más no la vivienda.
Otras personas a quienes les restituyeron predios, los ha intimado un hombre que se hace llamar el «patrón», quien les ha dicho que representa a los anteriores administradores de las haciendas de 1.600 hectáreas, de las cuales hace parte la finca El Venado, de Sor Teresa Gómez.
Esta mujer está presa hoy en la cárcel el Buen Pastor por concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenaza, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Gómez fue la que lideró el proceso de despojo de tierras a campesinos de Córdoba en nombre de los paramilitares, los hermanos Castaño, desde una organización fachada denominada Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). También está acusada del crimen de Yolanda Izquierdo, reclamante de tierras de Córdoba, ocurrido el 31 de enero de 2007.
Los sujetos que intimidan a las familias restituidas han ofrecido recursos por arrendar los pastos, y si no aceptan, amenazan con meter el ganado a la fuerza. “Los restituidos no podemos tener ganado propio porque nos lo mandan a sacar, esto está pasando. El señor que manda en la región nos manda a decir que él hace lo que quiere porque si en el pasado tuvieron plata para pagar jueces y notarios, ahora también lo van a hacer”. Cuando se consulta a los campesinos por el hombre detrás de las intimidaciones, guardan silencio.
Los líderes reclamantes dicen que en la zona no hay seguridad que garantice la permanencia en el territorio. “El problema es que la Unidad de Víctimas entregó predios que no han sido desocupados totalmente por los testaferros de los paramilitares. La Unidad les dio cinco días a los antiguos ocupantes para que sacaran el ganado, pero se demoraron más de eso. No hay garantías. No vemos el apoyo de las autoridades para permanecer aquí”.
El defensor del Pueblo en Córdoba, Víctor Castilla, confirmó los temores expresados por la población, pero precisó que ninguno de ellos se atreve a denunciar concretamente, porque tienen miedo. “Lo cierto es que en la zona no hay Policía y eso complica la situación”, indicó.
Productividad, a medias
Otro de los problemas que han denunciado los restituidos del predio conocido como las parcelas Santa Paula, que entregó directamente el presidente Juan Manuel Santos el 10 de abril de 2013, a algunos de los beneficiados, es que no se ha cumplido con la entrega de la totalidad de los subsidios para construcción de viviendas ni de los recursos para los proyectos productivos.
Cada familia beneficiaria debe recibir 22 millones de pesos para los proyectos productivos y 15 millones para la casa. “Seguimos esperando, así es muy difícil hacer patria y contribuir a la paz”, dijo un parcelero que retornó al territorio hace un año y quien ya está pensando en regresar a Montería al barrio de invasión donde vivía antes de recibir de manos del Presidente el documento que le restituyó el territorio que le quitaron en el pasado los Castaño.
Una comisión de la Defensoría visitó la zona la semana pasada y el Defensor confirmó que los habitantes no tienen agua potable, la casas no están listas y hay demora en los proyectos para generar sostenibilidad y permanencia en el territorio. “Vamos a convocar a un comité de justicia transicional en Montería, para revisar el tema con el Gobierno, porque está gente no la está pasando bien y el objetivo, que no es solo restituir, sino permanecer, se ve amenazado”.
Entre tanto, Rodrigo Torres, director de la Unidad en Córdoba, sostuvo que se está cumpliendo paso a paso.
Según cifras de la oficina de Restitución de Tierras en Córdoba, la Unidad ha recibido 2.400 solicitudes por parte de los despojados, de las cuales 822 están en manos de los jueces agrarios y se han restituido materialmente 300 predios, es decir que el nivel de avance es apenas del 24 por ciento en Córdoba.
La Unidad de Córdoba dice que sí se presentaron algunos hechos por parte de quienes cuidaban las fincas, pero fueron superados.
Asegura, con relación al tema de los subsidios, que sí han ido entregando los desembolsos. Que por lo menos en Santa Paula a casi todos les han dado un recurso, solo que no se les desembolsa la totalidad del dinero sino por partes, para el tema de proyectos productivos; y en cuanto a las viviendas, son recursos del Banco Agrario que ellos no manejan.
También dice el funcionario que la gente debe denunciar concretamente, pero por lo menos ante la Unidad no lo hacen.
