Joshua Mitrotti, director de la Agencia de Reintegración, dice que habrá limitaciones de libertad.
Joshua Mitrotti, nuevo director de la Agencia Colombiana de Reintegración, dice que el Gobierno diseñó una hoja de ruta para atender a los jefes ‘paras’ que este año completan los ocho años de pena alternativa de Justicia y Paz.
La Agencia ya atiende a nueve ‘paras’ rasos, y aunque aún no hay exjefes de las Auc, asegura que una vez queden en libertad deberán someterse al plan del Gobierno, que les implica algunas limitaciones de libertad.
El año pasado, al menos cinco exjefes de las Auc la tramitaron y a todos se las negaron por no cumplir con todos los compromisos.
¿La Agencia está lista para recibir a los jefes ‘paras’ que salgan este año de prisión?
Venimos trabajando con el Inpec, los ministerios de Justicia y del Interior y la Fiscalía en el diseño de un modelo para atender a esta población, en donde los podamos estabilizar psicológica y socialmente, y vincularlos a programas educativos y de formación para el trabajo. El objetivo es que estas personas, con nuestro acompañamiento y el de la sociedad, aporten a la paz en el país.
¿Ya existe un plan específico para los jefes paramilitares?
Sí, es un plan específico, diferencial, muy puntual para ellos. Es importante aclarar que la política de reintegración no es masiva, sino que depende de cada individuo. Cada uno tiene condiciones particulares y lo que queremos en la política de reintegración es que esas condiciones particulares de cada individuo, sus potencialidades, se desarrollen.
¿Qué garantiza que no van a volver a delinquir?
El proceso de reintegración para ellos no es voluntario, es obligatorio y, en el momento en que se detecte que estén incumpliendo con el proceso de reintegración, sus casos volverán a la justicia ordinaria y enfrentarán penas de hasta 60 años.
¿Es decir que no quedan en completa libertad?
Ellos salen y son individuos libres con derechos y deberes, pero tienen la obligación de presentarse y hacer un proceso de la mano con nuestros profesionales.
¿Cuántos calculan que saldrán este año?
De aquí al 2022 pueden salir casi 2.300 personas que podrían ser población objeto de nuestro programa. Hasta ahora hemos atendido a nueve personas.
¿En general, cuál es el porcentaje que vuelve a delinquir?
Según la Fundación Ideas para la Paz, el 76 por ciento de las personas que han ingresado a la ruta de reintegración están comprometidas con la legalidad, y solamente un 24 por ciento está en riesgo o ha reincidido.
Ese proceso de reintegración debió ser en las cárceles. ¿Se falló en ese sentido?
Hemos venido trabajando con el Ministerio del Interior, el de Justicia y el Inpec para generar desde ya unos modelos de atención en la cárcel, antes de que las personas salgan, y así poder identificar sus condiciones psicológicas. Lo que buscamos es poder hacer intervenciones en las cárceles y que las personas salgan conscientes de lo que van a recibir y cuáles son los compromisos que debe asumir.
¿En qué están ocupados los desmovilizados?
Tenemos más o menos 8.500 personas estudiando, 24.000 personas trabajando en la formalidad e informalidad, de los cuales casi 8.000 está en la formalidad, el 34 por ciento de ellos cotiza en el Fosyga, es decir que está trabajando.
