El cruce de intereses entre las locomotoras del Gobierno y la obligación constitucional de proteger los recursos naturales y la cultura ancestral de las minorías étnicas en el país tiene contra las cuerdas el avance de tres proyectos de ley de gran interés para el Ejecutivo: la esperada expedición del Código Minero, la cirugía a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la de desarrollo rural.
El trámite de estas consultas se ha convertido en una papa caliente para el Gobierno, a tal nivel que desde que se ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1991 y se estableció constitucionalmente este derecho no se ha adelantado ni una consulta previa en los términos impuestos, pues todas se han hecho luego de aprobados los proyectos a través de prórrogas y esguinces a la ley.
Según un documento que maneja el Gobierno —y que conoció El Espectador— los dos problemas centrales que ve el Ejecutivo en las consultas previas, como están planteadas, son: “la ausencia de un procedimiento para realizar la consulta previa y los largos tiempos que toma la discusión con las comunidades”. Sobre las dificultades en el proceso de consulta del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural —clave para ejecutar la Ley de Víctimas—, el documento advierte que el costo de la consulta previa para este proyecto supera los $7.000 millones y reconoce atrasos en contratación y en la concertación con las comunidades.
En este caso, el cronograma de actividades que preveía tres meses de ejecución de la consulta con los indígenas, ha sido “imposible de cumplir”. Tan es así que con los afros, palenqueros y raizales ni siquiera se ha establecido una “ruta metodológica” y van en la fase de preconsulta. Además, a la fecha el Ministerio del Interior no ha designado a los interlocutores de los pueblos afrodescendientes para tramitar la consulta.
Las principales dificultades para que este proceso esté tan atrasado, según el documento oficial, es que “la ausencia de parámetros definidos por la ley hacen que surjan por parte de las organizaciones indígenas nuevas exigencias en cada avance del proceso”. Asimismo, aseguran que la Mesa de Concertación Indígena (MPC) “no cuenta con la disponibilidad de tiempo exclusivo” para avanzar el proceso.
El tema de las consultas se ha convertido en un pulso político interminable y el debate parece estar más vivo que nunca. Incluso ayer en el Congreso el senador Carlos Baena citó a un debate de control político, donde pidió corregir el trámite del proyecto de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana. De acuerdo con Baena este mecanismo no fue consultado con los pueblos afros y que el Gobierno incurrió en un error al tratar de reglamentar las consultas previas: “No hizo lo principal, consultarlas con la gente”.
Afirmó, a su vez, que el Mininterior debe revocar la resolución que convoca a los consejos comunitarios para elegir a representantes, porque deja por fuera de las consultas previas a 1.200 organizaciones de base y sólo les da participación a los territorios colectivos que tengan título. “El Gobierno quiere excluir al 73% de la población afrodescendiente que están en las cabeceras municipales y que son cerca de 3’200.000 habitantes”, dijo.
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