Los alcaldes y gobernadores que ganen en los comicios serán los encargados de afianzar y ejecutar las estrategias para la construcción de la paz ante un eventual acuerdo con las Farc en La Habana.
Más allá de la disputa electoral entre Gobierno y oposición, de las peleas de casas políticas tradicionales en las regiones, de las alianzas inesperadas con el único fin de ganar en las urnas y de la apuesta de los considerados “presidenciables” por desarrollar un músculo político que les facilite llegar a la Casa de Nariño en 2018, hay un factor transversal en las elecciones de autoridades locales y regionales de octubre próximo: el proceso de paz y la implementación del posconflicto, que, tal como se ha acordado con las Farc en La Habana, tiene un claro componente territorial.
Aunque la negociación en Cuba no avanzó de forma tal que la guerrilla pudiera hacer su tránsito de la lucha armada a la política para estos comicios, es un hecho que su influencia va a estar presente en las regiones donde históricamente ha actuado, las mismas en las que se ha acordado que se va a realizar la inversión en el posconflicto. Pero además hay una realidad que no se puede pasar por alto: si se logra la firma del acuerdo de paz dentro de pocos meses —que es la apuesta del presidente Santos— los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados elegidos tendrán que ejecutar y hacer control al manejo de un presupuesto billonario.
No se trata de un tema de poca monta. La inversión para el posconflicto es, en síntesis, llevar educación, salud, comida, vías y desarrollo a las regiones más apartadas y donde el Estado ha brillado por su ausencia. Para cumplir con las metas, esa inversión deberá ser implementada por alcaldes y gobernadores electos, y no se puede negar que uno de los principales problemas, como lo ha señalado Transparencia por Colombia, es “la falta de claridad en la información pública, la ausencia de controles y la contratación a dedo, que abren camino para el despilfarro de los recursos”, según su último informe, que alerta sobre posibilidades de corrupción en alcaldías y gobernaciones.
Así lo plantea también el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Antonio Lizarazo, asesor de la oficina del alto comisionado de paz Sergio Jaramillo en los diálogos de La Habana, en la discusión del tema de participación y garantías políticas. A su juicio, “las elecciones son importantes en la medida de que se orienta la inversión pública que debe tener un enfoque territorial, de acuerdo con lo que se ha acordado”.
Lizarazo deja claro que “el simple hecho de que haya un desescalamiento del conflicto implica que los ciudadanos van a tener una mayor posibilidad de participar en condiciones de libertad e igualdad y, de llegar la firma del acuerdo de paz, el avance será aún mayor, porque eso implica que desaparece la violencia como método de acción política”. En este sentido, advierte que si esos alcaldes y gobernadores elegidos en zonas de confrontación no están comprometidos con el posconflicto, el resultado puede ser un fracaso.
Ahora, aunque ya es un hecho que las Farc no podrán participar formalmente en el proceso electoral como un movimiento político dentro de la legalidad, su influencia en muchas zonas del país no se puede negar. Así se desprende de un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó 203 municipios con presencia de esta organización guerrillera. Si bien puede haber algunos cambios por los constantes movimientos que implica el desarrollo de la guerra, hay tres regiones de clara influencia.
El norte de Antioquia, en especial el área fronteriza con Chocó, que implica la serranía de San Lucas, el nudo de Paramillo, Urabá y zona sobre el Pacífico. En esta región hacen presencia los bloques del Magdalena Medio e Iván Ríos. Está también la frontera con Venezuela, que comprende las zonas de La Guajira, Cesar, Catatumbo, Arauca y Casanare, en donde se concentra el accionar de los bloques Caribe, Magdalena Medio y Oriental. Y por último, el sur del país, que comprende la costa Pacífica, la cordillera Central y el suroriente, lugares donde es habitual el tráfico de drogas. Ahí operan los bloques Occidental, Central y Suroriental.
El análisis realizado por la MOE señala que prácticamente en todas las zonas en las que la guerrilla puede influir en alguna medida en el proceso electoral tienen las siguientes particularidades: son zonas grandes con poca densidad poblacional, poca presencia de las instituciones del Estado, los indicadores en materia de pobreza, educación y empleo son muy bajos (de acuerdo con las cifras del DANE), y hay presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y muy baja participación electoral. Es decir, han sido epicentro del conflicto.
Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la Democracia de la MOE, considera “probable que no haya un cambio radical en el comportamiento electoral en las regiones donde las Farc tienen presencia, porque la mayor parte de los votos vienen de las cabeceras y en las zonas rurales donde es influyente la guerrilla es poco el potencial electoral”. Sin embargo señala que este análisis sólo se podrá realizar luego del 25 de octubre, “cuando se podrá mirar si cambió la dinámica histórica del abstencionismo en las regiones”.
Para Alejandro Reyes, experto en temas de tierras y quien también fue asesor del Gobierno en la construcción de los acuerdos sobre este espinoso asunto, estas elecciones serán claves de cara al posconflicto: “El acuerdo agrario de La Habana se enfatizó en el enfoque territorial del desarrollo rural y eso exige diseñar un nuevo esquema de relaciones entre el Gobierno, las regiones y los territorios. Hay que fortalecerlos institucionalmente para que se aproveche la competitividad de las regiones”.
El experto explicó que el Gobierno, tal como lo planteó en el Plan de Desarrollo, va a crear una autoridad nacional de tierras con enfoque territorial. “Esa autoridad va, entre otras cosas, a formalizar, restituir y crear el fondo de tierras. Eso nace del poder central, pero el desarrollo rural depende de lo que se define en las regiones. Si en las elecciones entran políticos vinculados con los mafiosos, van a tratar de capturar los recursos del desarrollo rural (…) en últimas, si hay buenos alcaldes y gobernadores, las cosas van a funcionar, si no, será muy difícil”, aseguró.
Lo cierto es que todos los analistas señalan que, en alguna medida, sin estar oficialmente en la lucha electoral, las Farc van a tener influencia electoral en estas regiones, bien sea por la coincidencia que pueden tener con algunas organizaciones políticas y sociales o porque en esta ocasión podrían invitar a la gente a votar, contrario a lo que ocurría en el pasado por su lucha frontal contra el sistema político colombiano. Aún no se conoce si hay una directriz de la guerrilla para los comicios de octubre, pero en lo que hay plena coincidencia es que los elegidos en las urnas serán los encargados de poner en práctica el enfoque rural del posconflicto, la apuesta más alta en el camino a la paz.
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