Es habitual que los candidatos salgan a denunciar a los medios y los encuestadores, cuestionando sus métodos y exigiendo más regulación que, en últimas, se acerca mucho a los campos de la censura.
Se conoció el jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación contra varias firmas encuestadoras y, además, contra varios medios de comunicación que utilizan las encuestas como herramienta de información para medir el ambiente electoral en la recta final de las elecciones. Las sanciones que podrá imponer el CNE van desde $16’108.750 hasta $25’774.000, con serias implicaciones para la libertad de expresión de los medios involucrados. El tema es delicado.
La investigación, que abarca a El Tiempo, El País (Cali), La República (Bogotá), Vanguardia Liberal, El Colombiano, y otros medios que el comunicado del CNE no especifica, viene después de varias quejas por parte de partidos políticos y candidatos que, al sentir que los resultados de las encuestas no los favorecían, instauraron reclamaciones ante el Consejo con la esperanza de un castigo.
El nerviosismo y el oportunismo político que producen las encuestas no son temas nuevos. La actitud de los candidatos hacia ellas es ambivalente: cuando los favorecen, las citan e, incluso, las utilizan como pieza central en la promoción de sus campañas; pero cuando ven que hay algo que no les conviene, es habitual que salgan a denunciar a los medios y los encuestadores, cuestionando sus métodos y exigiendo más regulación que, en últimas, se acerca mucho a los campos de la censura.
Según el CNE, los medios investigados tuvieron “falencias” en la forma de dar a conocer la información de las encuestas. En palabras del Consejo, las irregularidades son “la publicación incompleta de la ficha técnica, distorsión de la información publicada puesto que se detecta carencia de información relevante para dar un análisis objetivo frente a los resultados que producen dichos estudios y encuestas presentadas por firmas no inscritas ante el Registro Nacional de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral”.
Si hay indicios de que una encuesta y un medio están conspirando —o sólo uno de ellos— para favorecer a un candidato y mentirle al público, sin duda que esto debe ser denunciado y criticado, pero ese no parece ser el caso. En ningún momento el CNE ha encontrado motivos para dudar de la veracidad de la información otorgada y, en cambio, sí ha hecho bombo a supuestas irregularidades formales que no parecen afectar al público que consume la información.
La amenaza de la sanción, entonces, parece una amenaza a la libre expresión y a la libre difusión de la información.
Sí, es cierto que las encuestas no deberían ser la única consideración para los votantes, así como también es cierto que la atención que se les da es excesiva, pero, por como está estructurado nuestro ejercicio electoral, su existencia es útil para el electorado y los candidatos, además de que son usuales en todos los países que tienen democracias sanas. Las quejas y las investigaciones no son la forma de reaccionar a ellas.
Mal por los políticos que lanzan acusaciones infundadas y mal por el CNE, por seguirles el juego. Ojalá los resultados de la investigación sean conocidos pronto para poder ver si, en efecto, hay alguna violación a la ley o se trató de una indebida presión a los medios de comunicación.
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-problema-de-encuestas-articulo-591547
