En su informe anual, señala que el Marco Legal para la Paz y la reforma al fuero militar representan una amenaza para la defensa de los derechos humanos en el país.
La comunidad internacional debe seguir atenta a la situación de los derechos humanos en Colombia, ahora que se desarrolla un proceso de negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en medio del conflicto. Es una de las principales recomendaciones que hace Amnistía Internacional en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo el año pasado, cuyo capítulo sobre el país advierte que se siguen presentando abusos por parte de la Fuerza Pública, los grupos subversivos y los paramilitares, llamados bacrim (bandas criminales).
Pero, además, se llama la atención sobre algunas de las políticas que ha impulsado o viene impulsando el Ejecutivo colombiano y que en concepto de esa organización no gubernamental, representan una seria amenaza pues podrían llevar a la impunidad. Se trata del acto legislativo conocido como Marco Legal para la Paz —cuya exequibilidad es estudiada en la actualidad por la Corte Constitucional— y del proyecto de reforma al fuero penal militar, cuya reglamentación comenzará a ser discutida en próximos días en el Congreso de la República.
En diálogo con El Espectador, Peter Drury, investigador para Colombia de Amnistía Internacional, señaló que el Marco Legal para la Paz podría enviar un mensaje “peligroso” a los actores del conflicto —una especie de “luz verde”, dice—, pues una de sus esencias busca establecer que sólo se investigará a los máximos responsables de los delitos: “En el contexto actual, es poco lo que se ha adelantado en materia de ese tipo de investigaciones, ¿cómo podemos saber quiénes son los verdaderos responsables? ¿Los mandos medios de los grupos ilegales o la base no han cometido también delitos atroces?”.
Asimismo, advirtió que la reforma al fuero militar le otorga a este sistema un mayor control de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, lo cual amenaza con menoscabar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. “Esta reforma podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casos a la justicia militar, en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos, los cuales podrían terminar en impunidad”, destacó Drury.
Según el informe de Amnistía Internacional, todas las partes inmersas en el conflicto colombiano —las fuerzas de seguridad del Estado, actuando solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos guerrilleros— continuaron siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios, desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones forzadas y violencia sexual. “Las víctimas fueron, sobre todo, miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; defensores de los derechos humanos y sindicalistas”.
De otro lado, señala que la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras generó una reacción violenta de quienes han sido beneficiados con la apropiación indebida de millones de hectáreas en el país. “Se mata o amenaza a quienes luchan por la restitución y continúa la preocupación por la capacidad de las autoridades para brindarles protección. Se tuvo noticia de acciones de paramilitares autodenominados ‘ejércitos antirrestitución’ en varias zonas de Colombia. Estos grupos lanzaron amenazas de muerte contra varias organizaciones de derechos humanos y activistas por el derecho a la tierra”.
Amnistía Internacional llama también la atención sobre la situación de violencia contra mujeres y niñas en el marco del conflicto. “Todas las partes generaron violencia sexual, incluida la violación, y otras formas de violencia de género”. En este sentido, dice que muy pocos autores de este tipo de abusos fueron puestos a disposición de la justicia. Igualmente, destaca que los defensores de los derechos humanos siguieron sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos. “En 2012, al menos 40 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios y 20 sindicalistas perdieron la vida”.
El informe expresa también que el impacto del conflicto en los pueblos indígenas se intensificó a medida que las hostilidades se extendieron a sus territorios, especialmente en los departamentos de Valle y Cauca; que la población civil sigue siendo víctima de abusos, asesinatos y desplazamiento; que siguieron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque no en la escala de años anteriores; y que los grupos paramilitares —calificados ahora de bacrim— fueron responsables de homicidios, desapariciones y operaciones de ‘limpieza social’ en barrios urbanos pobres.
Drury también se refirió a los abusos de las Farc y su falta de compromiso, cuando había dicho que pondría fin al secuestro extorsivo de civiles, así como también al uso de minas terrestres, los homicidios, el desplazamiento forzoso y el reclutamiento de menores de edad. “El compromiso contundente de las partes debe ser con los derechos humanos. El Gobierno debe buscar ponerle fin a la impunidad y proteger a la población civil. Y los grupos armados ilegales tienen la obligación de cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario. El mundo y organismos como las Naciones Unidas deben hacer atento seguimiento”, concluyó el investigador para Colombia de Amnistía Internacional.
Por: Redacción Política
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-423588-el-riesgo-de-impunidad-sigue-latente
