La sentencia de la Corte Constitucional de cerrar los proyectos mineros en estos ecosistemas generó júbilo. Eso sobre el papel, porque en la práctica su aplicación estará llena de espinas.
Durante los últimos años el debate sobre el complejo equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico ha tenido un campo de batalla: los páramos. El interés de algunas compañías de sacar oro de estos refugios naturales, en los cuales brota el agua que consume más del 70 por ciento de los colombianos, levanta intermitentemente un debate nacional sobre los límites que el país debe ponerle a la industria extractiva. Por eso, la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó cerrar todos los proyectos mineros y de hidrocarburos que actualmente operan en estos ecosistemas fue una noticia nacional y despertó euforia.
El fallo de la corte parecía el punto final de un tire y afloje que ha tenido en vilo a importantes sectores del país por años. Sin embargo, la sentencia puede estar lejos de ser ese cierre que tantos añoran, y muchos anticipan que lo que vendrá puede ser un verdadero camino de espinas. ¿Por qué?
La corte tomó la decisión a raíz de una demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo. En uno de sus artículos este estipulaba que en los páramos no podría existir ninguna actividad económica; sin embargo, que “las actividades para la exploración y explotación que cuenten con contrato y licencia ambiental otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para minería, o al 16 de junio de 2011 para hidrocarburos, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga”.
Los congresistas Alirio Uribe e Iván Cepeda demandaron la norma. La corte determinó que este artículo era inexequible “porque desconoce el deber constitucional de proteger áreas de especial importancia ecológica, con lo cual pone en riesgo el acceso de toda la población al derecho fundamental al agua”.
Ese régimen de transición había sido una medida del gobierno en cierto modo frente al vaivén de la normatividad minera. Ese sector se ha quejado de inseguridad jurídica por el cambio constante de las reglas del juego, debido a la caída del Código Minero y a irregularidades en las consultas previas, entre otros. Eso, que en los días de oro de los commodities era un factor importante, ahora en las vacas flacas es casi decisivo para la supervivencia de muchos proyectos.
Otra razón había sustentado incluir esa salvedad: las posibles demandas. Durante muchos años la entrega de títulos fue una ‘piñata’, como reconoció en su momento el ministro Carlos Rodado. Como se podía obtener uno casi que solo con la cédula, el país pasó, entre 2002 y 2009, de 1,1 a 8,4 millones de hectáreas tituladas. En ese desorden, se entregaron 391 títulos mineros sobre páramos en cerca de 108.000 hectáreas.
Sin embargo, quitarlos no es igual de fácil. Luego de que el Estado otorga un título, las compañías invierten millones de dólares. En el caso de la Greystar en Santurbán, esta alegaba que llevaba una década en Vetas y California (Santander) con inversiones de 140.000 millones de pesos. Esas enormes sumas hacen que pocos funcionarios se le midan a anular los títulos pues se enfrentan a grandes firmas de abogados y si hay una indemnización el Estado puede repetir contra ellos.
El caso más patente de esto es el de Cosigo en la Amazonia. Ingeominas le otorgó un título en el parque Yaigoje Apaporis, en el que, a diferencia de los páramos en donde hay algunos problemas de interpretación, legalmente no existe ninguna duda de que la minería está prohibida. Sin embargo, Parques Nacionales duró en un litigio judicial por más de cinco años. Se necesitó que el caso llegara a la Corte Constitucional y allí que los mismos magistrados viajaran a la selva para determinar que la empresa canadiense tenía que retirarse.
El Ministerio de Ambiente había consultado al Consejo de Estado sobre el tema de páramos. La alta corte manifestó que por su alto valor ecológico allí no se podían otorgar títulos nuevos; sin embargo, debían respetarse las situaciones jurídicas consolidadas. Es decir, que las empresas con título minero y la licencia ambiental expedidas antes de 2010 podían terminar su proyecto, cumpliendo las más altas regulaciones ambientales. Aunque esos conceptos no son vinculantes, el respaldo de ese organismo suele ser una prevención para muchas entidades.
La sentencia de la corte se convirtió en un hito en Colombia sobre la protección ambiental porque zanjó esas incertidumbres. Determinó que si bien en el país se respeta la libertad económica, esta tiene sus límites, y que así como el Estado puede prohibir un medicamento que autorizó si descubre que es nocivo para la salud, también puede retirar la autorización para las actividades mineras si estas son dañinas para el agua. Aplicó el principio internacional de precaución y dejó claro que en este tema no prevalecen los derechos adquiridos. Así, aunque las mineras han anunciado en privado que habrá demandas, es casi improbable en el ámbito nacional que ganen.
El problema real será otro: ¿en cuáles páramos están esos títulos? Desde que estalló la polémica por el caso de Santurbán, el país se embarcó en una tarea clave para el desarrollo sostenible: delimitar esos ecosistemas. Colombia es un país extremadamente rico en páramos, tanto que posee la mitad de todos los que existen en el mundo. Según el Instituto Alexander von Humboldt, hay casi 3 millones de hectáreas de esos ecosistemas en 36 complejos ubicados en las tres cordilleras. Sin embargo, sus límites no están aún determinados exactamente.
El problema es mucho más complejo de lo que se ve. Para saber exactamente en qué punto de una finca comienza o termina un páramo, se necesita, según las normas, una cartografía de 1/25.000. Sin embargo, el Von Humboldt ha logrado identificarlos en una de 1/100.000 en el mejor de los casos y de 1/250.000 en los restantes. Como se necesita la escala más precisa, el Ministerio de Ambiente lleva un par de años en el trabajo de delimitarlos.
Para el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, esa es una de sus prioridades. Logró sacar Santurbán, la primera y quizás la más compleja, y ejemplo muy ilustrativo de lo que se puede venir con el fallo de la corte. El proceso tardó más de dos años porque los páramos tienen una complejidad adicional: no solo son el hábitat de cientos de especies, sino de millones de colombianos que llevan siglos allí: algunos viven de la minería pero la gran mayoría de cultivar papas y cebolla. De los 3 millones de hectáreas de páramos, se cree que dos están intactos, pero al menos 1 millón está totalmente intervenido. Se calcula que allí viven cerca de 300.000 personas. Por ejemplo, todo Vetas, el pueblo donde queda Santurbán, fue construido en el páramo. Por eso, su alcalde, Orlando Rodríguez, se quejó de que “la decisión de la corte borra del mapa a nuestro municipio”.
El gobierno y los mineros se han acercado a la corte en la última semana para preguntar por la línea de referencia para saber qué es páramo. En la sentencia queda claro que se necesita hacer la delimitación y que el proceso tiene que contar con soportes científicos, pero también sociales. Y en estos últimos no existe acuerdo entre ambientalistas, gobierno, mineras y comunidades. Por ahora, se calcula que puede haber alrededor de 300 títulos otorgados en esos ecosistemas.
Si a eso se suma el latente acecho de la minería ilegal y la criminalidad que está detrás de esas riquezas, el tema es aún más importante. Cuando las empresas suspendieron las actividades en Santurbán, llegaron decenas de personas de otros lugares a intentar sacar el oro a la brava. El país no tiene hoy como cuidar sus refugios naturales pues, por ejemplo, el presupuesto para las zonas protegidas solo alcanza para un guardaparques por cada 25.000 hectáreas.
En un país que debía ser rico en agua y ahora sufre los estragos de una de las más terribles sequías, cuidar los páramos debería ser una prioridad nacional. Lo peor que podría pasar sería tener una gran sentencia, pero una delimitación que no llega, unas empresas que demandaron al Estado y unos territorios sagrados totalmente capturados por la ilegalidad. En ese sentido, el seguimiento a esta decisión de la corte será uno de los temas más importantes para el futuro de los colombianos.
