La elección del magistrado Luis Guillermo Guerrero marca el camino para que a las cortes lleguen los mejores y donde imperen, sobre todo, criterios de excelencia profesional.
Con la elección de Luis Guillermo Guerrero Pérez, el Senado acaba de cerrar el capítulo de interinidad que se abrió en la Corte Constitucional con la renuncia del magistrado Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado de Colombia.
Guerrero Pérez cuenta con conocidas credenciales para ocupar la silla de Henao. Magistrado auxiliar en la Judicatura y la misma Corte Constitucional por más de década y media, su demostrado apego a la Carta del 91 desarmará las reservas de algunos sectores que anticipaban una ‘derechización’ del alto tribunal, justo en el momento en que está a punto de decidir sobre el espinoso tema de la adopción gay.
Se trata, pues, de una elección que enaltece al Senado y al Consejo de Estado -que formuló la terna- y que marca un alto precedente para otros procesos de relevo que están en curso o a punto de iniciarse en las altas cortes.
La debacle en la que desembocó la reforma de la justicia hace pensar que en los próximos dos años será difícil que se vuelva a discutir seriamente el tema. Y habiendo sido la elección de magistrados uno de los puntos claves del malhadado proyecto, es de esperarse que la justicia aproveche este tiempo para reivindicarse.
El reto es grande. Además del relevo en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema deberán elegir o postular en los próximos meses a diez magistrados (por los ocho que ya salieron y dos que cumplirán su periodo antes de noviembre). El Congreso, entre tanto, elegirá el remplazo de Jorge Armando Otálora en la Judicatura, de terna que debe elaborar el Presidente de la República. La Presidencia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado deben postular, además, un candidato a otra elección clave para el país, la de Procurador General, que se realizará antes de la última semana de septiembre, y el Presidente acaba de entregar también sus ternados a la Defensoría del Pueblo.
Postular a los mejores aspirantes y elegir en consecuencia es un deber que, desafortunadamente, no pocas veces se ha eludido en la historia reciente del país. El referente directo es, sin duda, el Consejo Superior de la Judicatura, varios de cuyos integrantes han terminado salpicados por escándalos que en nada se compadecen con la majestad de la justicia. La responsabilidad no solo recae en los altos funcionarios del Ejecutivo que entre el 2007 y el 2008 ternaron para la Sala Disciplinaria a personas que tenían más recorrido en el mundo político que en el jurídico -con señeras excepciones-, y en el Congreso que eligió, sino en las altas cortes, que designan a los miembros de la Sala Administrativa, históricamente cuestionada por el manejo de los recursos de la Rama y sobre cuya desaparición había consenso nacional.
Precisamente, para integrar esa sala -que no solo se encarga de la ‘gerencia’ de la justicia, sino de los procesos de selección de candidatos para el Consejo de Estado y la Corte Suprema- está pendiente la elección de un magistrado por parte de la Corte Suprema. Fuertes voces hablan del interés de miembros de dicho tribunal que ya terminaron periodo o están a punto de hacerlo para repetir magistratura en la Judicatura.
Sin duda, hay en la Corte magistrados que entienden su misión no para acumular poder en provecho propio o en el de sus allegados, sino como un imperativo de servicio en función de elevados bienes públicos. Cabe esperar que ellos elijan con criterio de grandeza y de excelencia profesional, pensando en los intereses nacionales y no en los de la camarilla, lo cual supone reclutar fuera de la nómina de magistrados y exmagistrados propios. Hay que buscar en los amplios escenarios de una profesión en la que Colombia tiene muchos de sus mejores hombres y mujeres.
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