La Defensoría del Pueblo denunció este lunes serias irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE, en escuelas de 13 municipios del Atlántico, La Guajira y Chocó.
Según la investigación de la Defensoría, en la que funcionarios de ese organismo realizaron varias visitas, en esas instituciones educativas se están incumpliendo las normas sanitarias. También se detectaron irregularidades en contratación, así como dificultades en la infraestructura para almacenar los alimentos.
Esas falencias fueron detectadas en colegios de los municipios de Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto, Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.
En La Guajira, por ejemplo, la Defensoría encontró que los niños comen en el piso, la comida se cocina en un kiosco al lado del salón de clases, reciben porciones pequeñas como un poco de pasta y una galleta de soda para el almuerzo y se deben lavar las manos en un mismo balde. Además, la carne se mantiene sin ningún tipo de refrigeración.
"Cuando se inició el PAE ningún centro educativo estaba preparado en su infraestructura para prestar el servicio de alimentos. No hay dónde dar los alimentos ni dónde prepararlos", dijo el defensor del Pueblo.
En este departamento, además, se encontró que los niños deben pagar 200 pesos diarios por el almuerzo, pese a que ese servicio debería estar garantizado.
En el Atlántico, la Secretaría de Salud Departamental publicó los resultados de 210 muestras tomadas a los alimentos de 31 colegios públicos, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil y se encontró que el 70 por ciento de la comida estaba contaminada. Entre otras sustancias se encontraron "coliformes totales y fecales".
En el caso de Chocó, solo su capital, Quibdó, está certificada por el Ministerio de Educación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar, mientras los otros 29 municipios no cuentan con esos certificados.
Pese a que en Chocó se encontraron alimentos en mal estado, el departamento volvió a contratar con la empresa Fungescol, denunciada penalmente junto con el Gobernador, Efrén Palacios, por incumplimientos en los requisitos para entregar alimentos.
Los maestros también denunciaron que están asistiendo a sus trabajos pese a que no tienen un contrato.
El defensor Otálora le pidió a la comisión anticorrupción de la Fiscalía para que investigue a los políticos de la región que con "plata de la educación vienen organizando campañas y fiestas".
La ministra de Educación, Ginna Parody, dijo que el Gobierno destina casi un billón de pesos al año para la alimentación de los niños y a diario se entregan 4,5 millones de raciones. "Lo que hemos visto tradicionalmente es que se están desviando algunos recursos", dijo Parody.
Además, pidió a los entes departamentales más controles y vigilancia y que destinen los recursos que se deben dar para la alimentación de los niños.
La Ministra aseguró que por hechos como estos se reforzó la interventoría en 11 entidades territoriales. Añadió que esa cartera "ha implementado un riguroso esquema de vigilancia y control" y que para ello en el primer semestre de este año contrató a la Universidad de Antioquia para supervisar los contratos.
Tras esa investigación, dice la Ministra, se establecieron 53.724 hallazgos con los que se les hicieron "requerimientos a los operadores para que contribuyan a solucionarlos de manera inmediata".
Votos por transporte
La Defensoría, además, denunció que en La Guajira se recibieron denuncias de habitantes que afirman que candidatos a las próximas elecciones, a cambio de firmas, les prometieron solucionar el problema de transporte de un grupo de estudiantes que llevaban dos años sin asistir al colegio porque no tenían cómo movilizarse.
