El Centro Nacional de Memoria Histórica publica hoy su informe sobre violencia contra periodistas.
El 12 de marzo de 1993, unos sicarios asesinaron en su casa a Eustorgio Colmenares Baptista, fundador y director del periódico 'La Opinión' de Cúcuta. Su crimen, aceptado por el Eln, fue declarado de lesa humanidad.
El 17 de diciembre de 1986 fue asesinado Guillermo Cano Isaza, director de 'El Espectador', a pocos metros de la sede del periódico.
Unos años después, el 16 de septiembre de 1999, dos sicarios ingresaron a la cafetería del hotel Los Cardones de Valledupar y acribillaron a Guzmán Quintero, jefe de redacción de 'El Pilón'. Había publicado informaciones sobre grupos paramilitares y una grave denuncia sobre una acción militar.
Entre 1977 y 2015 fueron asesinados 152 periodistas colombianos como consecuencia de su oficio. Entre 1986 y el 2004, Colombia ocupó los primeros lugares de la lista mundial de crímenes contra periodistas junto con Afganistán, la antigua Yugoeslavia, Rusia, Irak y Sierra Leona.
Solo entre 1986 y 1995 fueron asesinados 61 periodistas y en la década posterior, comprendida entre 1996 y el 2005, murieron otros 60. En total: 121. Lo que significa que solo en esos 20 años fue asesinado un 78 por ciento del total de periodistas que cayeron ejerciendo su oficio en 40 años.
Y a pesar que desde el 2004 el número de asesinatos de periodistas ha disminuido, han crecido otras situaciones como la autocensura, la obstrucción del oficio, el exilio y el secuestro, tal como lo confirma la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El panorama del horror
Cuando se observa con detenimiento este panorama van apareciendo unos trazos que explican la magnitud de la catástrofe.
El conflicto armado interno del país desde hace décadas es la razón principal de estas muertes.
Cuando se recorre la lista de los periodistas colombianos asesinados se empiezan a revelar los verdaderos signos del desastre: diversidad de victimarios, diferentes modalidades del crimen, asociaciones delincuenciales, prácticas mafiosas, debilidades y fracturas del Estado, intervenciones estratégicas de los perpetradores, daños colectivos ocasionados por la eliminación sistemática de los informadores y un denso y persistente manto de impunidad. Y en el fondo, una sociedad que no salía de su sorpresa como también de su parálisis.
En el caso colombiano los victimarios fueron principalmente narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, algunos agentes del Estado (autoridades, organismos de seguridad, policías y miembros de fuerzas militares), bandas delincuenciales y políticos corruptos.
Cuando la magnitud del delito se ubica en una línea de tiempo se observan fenómenos muy interesantes. Como en un proceso de metamorfosis los narcotraficantes se fueron convirtiendo en bandas de paramilitares o en socios muy efectivos de quienes bajo el manto de defensores de las arbitrariedades de la guerrilla, cooptaron rápidamente desde los gobiernos locales hasta el propio Congreso de la República.
Desde los 70 hasta ahora los narcotraficantes han tenido una particular relación con la información.
En un testimonio reciente, una periodista antioqueña narró con una precisión escalofriante las amenazas que ha sufrido por revelar la existencia de las “polibandas”, alianzas criminales entre policías y el grupo de los denominados ‘Urabeños’, involucrados directamente en el negocio del narcotráfico. Sus artículos de denuncia le ocasionaron varios años de exilio.
Alianzas de la corrupción
Una alianza, sin embargo, ha sido completamente letal en el caso colombiano: la que une a la política con los actores armados ilegales. La variedad de las combinaciones son todas peligrosas.
Lo demuestra el caso del asesinato de Orlando Sierra, subdirector de 'La Patria' de Manizales, que ha tenido un desenlace ejemplar.
Y excepcional. Es uno de los cuatro casos que se han revelado y sentenciado a todos los actores que intervinieron en su muerte, un mediodía del 2002.
El autor intelectual, Ferney Tapasco, gamonal político de Caldas, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Manizales a 36 años, tres meses y un día de prisión.
En el transcurso de 13 años fueron asesinadas nueve personas involucradas de un modo u otro con el asesinato del periodista, y su autor material cayó tiroteado por la Policía en una escaramuza callejera cuando acababa de cometer otro crimen en Cali.
La corrupción desencadena casi de inmediato las iras y las represalias de los criminales. Si se revisan las publicaciones hechas por un grupo importante de periodistas colombianos antes de sus crímenes, se encuentran investigaciones sobre desfalcos, robos de servicios públicos, obras monumentales dejadas a mitad del camino tras la desaparición de los presupuestos y alianzas delincuenciales. La denuncia periodística muchas veces desencadena la violencia.
Las modalidades de los delitos contra los periodistas superan a la imaginación criminológica.
Hay periodistas que fueron asesinados dentro de las salas de sus casas, en autobuses o en sus automóviles, caminando por una calle o descansando en el solar de su casa.
También lo fueron en las cabinas de radio desde las que trasmitían sus informaciones, junto a las puertas de sus periódicos o a pocos metros de puestos de policía. Lo hicieron sicarios y asesinos a sueldo y una buena parte de ellos fueron atacados por desconocidos. Los expedientes de sus casos se fueron arrumando en el olvido y cerca de un 50 por ciento de sus delitos ya prescribieron.
No fueron frutos del azar o simplemente de embestidas irracionales de la crueldad. Por el contrario, detrás de cada una de las formas de violencia contra los periodistas colombianos existe casi siempre un proyecto intencionado, estratégico y diferenciado, que buscaba provocar el miedo, el silencio, el aleccionamiento o claramente la eliminación de quien era percibido como un enemigo.
Y todos estos fines, aunque se dirigían explícitamente contra las personas y sus medios de comunicación, terminaron impactando en las comunidades de cercanía y en general en la sociedad. Por eso se habla de daño colectivo y de medidas colectivas de reparación.
La tempestad en las regiones
Una tercera característica de esta cartografía de la violencia contra los periodistas es su carácter regional. El periodista regional y local colombiano está más cerca del epicentro de las confrontaciones bélicas, muy próximo a los actores violentos y en medio de zonas en donde el dominio territorial estaba en disputa entre actores ilegales y el Estado, que eran circuitos de circulación del narcotráfico o áreas en que las tierras, la minería, los cultivos o la ganadería atraían la capacidad depredadora y de robo de los violentos.
Con algunas excepciones las regiones no tienen un tejido comunicativo muy desarrollado. Solo unas pocas poseen una cantidad importante de medios de comunicación, pauta publicitaria significativa, centros de formación de periodistas y un número significativo de comunicadores. En muchas de ellas los periodistas son líderes de la comunidad, de la que son sus voceros conocidos y confiables, como también son los fiscalizadores de la acción de los gobernantes y por tanto la fuente más visible de investigaciones y denuncias.
Una de las grandes características de los periodistas de región es su extrema soledad. Y en esta soledad los periodistas se vieron enfrentados a la agresividad de los guerreros, a su animadversión y a la intención explícita de utilizarlos para cumplir objetivos.
Una cuarta característica de la violencia contra periodistas es su clara discriminación según el tipo de medio. Los periodistas más afectados fueron los de prensa y especialmente los de radio. De 1977 a 2015 fueron asesinados 70 periodistas de radio. Con pocos diarios nacionales, Colombia es un país de periódicos regionales de gran arraigo y una multitud de pequeños emprendimientos periodísticos que son empresas unifamiliares, con redacciones mínimas, alcance local y una forma de propiedad que depende de una espada de Damocles: están muy supeditados a la pauta oficial. A esa situación se agrega el fuerte sesgo político que acompaña a la prensa escrita desde los tiempos de la colonia. Este sesgo se vuelve un arma de doble filo cuando el ejercicio de informar se hace en medio de un conflicto devastador y sin límites. Con un Estado ausente o en algunos casos inexistente, el trabajo periodístico se realiza en medio de la indefensión y los peligros inminentes.
Impunidad: rasgo clave
Una quinta característica de la violencia contra periodistas es la del daño colectivo ocasionado por la muerte o la amenazas contra los informadores. En territorios en los que el periodista es prácticamente la única fuente de información de la comunidad, su desaparición ocasiona graves consecuencias para la colectividad.
Una sexta característica es la absoluta impunidad que han vivido los periodistas colombianos. Hay muchas circunstancias que la rodean: la ausencia de investigación, la desorientación intencionada de los rumbos correctos de las investigaciones a través de imputaciones falsas, los asesinatos de personas claves para la investigación y un sistema judicial enmarañado e ineficiente. Cerca del 50 por ciento de todos los crímenes contra periodistas en Colombia ya ha prescrito. Esto significa que judicialmente el tiempo para investigar, acusar y sentenciar ha finalizado y sus crímenes, sepultados en el olvido.
Una séptima característica es la atmósfera de intimidación que se agrega a los asesinatos de periodistas. Existe un conjunto de actuaciones que se cierne sobre la tarea informativa para generar presión o producir miedo: amenazas, autocensura, secuestro, tortura, bloqueo del oficio, desplazamiento o exilios, entre otras.
Si la impunidad envía un terrible mensaje a la sociedad, la amenaza genera una atmósfera viciada y constrictiva. El mensaje de la impunidad es que no cuesta nada asesinar a un periodista y la atmósfera es un entorno en el que ejercer el periodismo se convierte en un peligro real e inminente.
Una octava característica es el movimiento de resistencia que se dio dentro del periodismo, de organizaciones de la sociedad y del propio Estado colombiano. Ante la arremetida de los violentos se produjo un movimiento de solidaridad que permitió hacerle frente, de manera creativa y consistente, a los embates de los poderes ilegales.
La realidad del periodismo colombiano en estos años difíciles muestra algunos rasgos esperanzadores en medio de la oscuridad que han generado las amenazas y la violencia.
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/violencia-contra-periodistas/16504664
