Según balance de lucha contra la explotación ilegal de oro, van 30 máquinas destruidas este año.
Un sobrevuelo que realizó hace una semana la Policía en la selva chocoana del municipio de Novita, evidenció la magnitud de la minería ilegal en esa zona, un fenómeno criminal que sigue contaminando las áreas ambientales más valiosas del país.
En por lo menos ocho minas –que la Policía comparó con el área urbana de Bogotá– los frondosos árboles de la selva chocoana fueron reemplazados por verdaderas piscinas de mercurio y cianuro, los desechos que dejaron a su paso los explotadores ilegales de oro.
La operación, que dejó 5 capturados y 4 máquinas retroexcavadoras destruidas, es solo un ejemplo de lo que han descubierto las autoridades este año, luego de que se le declarara la guerra a este tipo de minería, detrás de la que están la guerrilla y las ‘bacrim’.
“Por lo menos en el 70 por ciento de los parques naturales hemos encontrado maquinaria, en Amazonas se han contabilizado 250.000 hectáreas deforestadas en un año y en Buenaventura es tanta la extracción que hacen debajo de la carretera principal, que está casi en el aire”, dice el coronel Héctor Páez, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía.
Las estadísticas del coronel Páez, quien tiene a cargo enfrentar este grave flagelo, muestran que en el año se han destruido 30 máquinas, 411 minas han sido intervenidas y, de ellas, 342 han sido suspendidas.
En las 70 operaciones han sido capturadas 972 personas e inmovilizadas cerca de 300 máquinas de línea amarilla, entre las que están dragas, retroexcavadoras, motores y volquetas.
Mineros anuncian paro
Precisamente, la destrucción de las máquinas y las capturas se convirtieron en un tema de protesta de varios sectores mineros.
En varias regiones del país se anuncia un paro minero para el 17 de julio. “Hay mafias que mueven la minería criminal que quieren presionar al Gobierno para que no siga la guerra contra el oro”, asegura Páez.
A las quejas se sumaron otros 550 representantes de organizaciones de mineros tradicionales, de pequeño y mediano tamaño. Ellos dicen que las medidas restrictivas y los operativos de la Policía pueden golpear la producción de oro, y por ello instauraron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular.
Con esta acción estos mineros buscan proteger derechos colectivos, como el de la seguridad jurídica y el derecho al medioambiente.
De acuerdo con Eduin Fernando Ortiz Cueto, abogado de la Confederación Nacional de Mineros (Conaminercol), organización que lidera la acción judicial, se busca que las entidades públicas como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Policía y la Fiscalía General de la Nación adopten mecanismos de protección al pequeño minero, como fue definido en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Yo no he visto artesas o bateas en los complejos mineros donde hemos entrado. Allí lo que hay es máquinas de 450 millones de pesos haciendo daño”, dice el coronel Páez, quien agrega que las operaciones de la Policía no están dirigidas contra este tipo de gremios, sino contra las “grandes estructuras mafiosas que están detrás de la industria minera ilegal”.
Las concentraciones para las marchas tienen como escenarios grandes áreas minera, como Zaragoza (Antioquia). Allí es donde más máquinas se han destruido. La Policía dice que llegan por partes, enviadas por río, y en lo más profundo de la selva las arman los ilegales.
Alerta en Ayapel
En córdoba y caquetá advierten riesgos
La Policía ha encontrado en la ciénaga de Ayapel, a causa de los vertimientos de mercurio, vacas con dos estómagos y tres ojos, como parte de las alteraciones que generan estos líquidos que se usan para la explotación de oro. En Caquetá fueron capturadas 19 personas, hace tres días, por verter con bombas los residuos en el río Caquetá.
REDACCIÓN JUSTICIA
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