El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció una inversión de $6.3 billones para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Está claro que uno de los principales compromisos para el gobierno Santos en la búsqueda de la paz —al margen de los avances que se logren en la negociación con las Farc en Cuba— es la reparación integral de las víctimas del conflicto. Y aunque su aplicación está contemplada a 10 años, desde ya se quiere avanzar lo que más se pueda.
Hoy el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo — acompañado del equipo de la Unidad de Tierras, víctimas y promotores de la reparación— presentará una demanda histórica en lo referente a la restitución de tierras. Será en la capital de Montería (Córdoba), una de las regiones más afectadas por el fenómeno del paramilitarismo y de la usurpación de predios donde se hará la reclamación judicial de 1.195 hectáreas usurpadas por los hermanos Castaño Gil en la Hacienda Las Paulas, considerada el ícono del desplazamiento en la región.
En la demanda de restitución aparecen nombres como La Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), mediante la cual Fidel Castaño promovió en la década de los 90 un proceso privado de reforma agraria y su representante legal, Sor Teresa Gómez Álvarez, a quien se le condenó ya por el crimen de la líder comunitaria Yolanda Izquierdo y Gabriela Henao, aparece como la actual propietaria de los predios.
Según señaló el senador liberal Juan Fernando Cristo, coautor de la Ley de Víctimas, “va a ser un acto de gran impacto en la política de restituciones, con el que se busca la recuperación de tierras despojadas por la Casa Castaño a miles de familias de Córdoba, ya existen toda clase de pruebas y esperamos que antes de cuatro meses los magistrados de restitución tomen la decisión”.
En materia fiscal, el Gobierno ratificó el compromiso asumido con la aplicación de la Ley. Durante un encuentro con la Comisión de Seguimiento a la norma, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación está dispuesta una partida de $6.3 billones para la reparación.
“Nuestro compromiso es cumplir con todos los requerimientos y hemos aprobado el 10% de lo contemplado en Conpes para demostrar a los colombianos que es con hechos y no con palabras que vamos superar el conflicto”, afirmó Cárdenas.
La inversión será así: $1.4 billones para salud; $1.1 billones para la educación; $1.12 billones para atención humanitaria; $662.000 millones para indemnización; $582.000 millones planes de vivienda, a los que se suma un sector de víctimas que será beneficiado con las viviendas gratis que prometió el gobierno; $283.000 millones para restitución de tierras; $273.000 millones para capacitación de víctimas y $67.000 millones para retornos a las tierras.
Pese a esta importante inversión, en el Congreso se escucharon críticas de parlamentarios que señalaron que la garantía de prestación de los derechos fundamentales no puede ser contemplada como reparación. Así lo manifestó el representante a la Cámara Iván Cepeda, del Polo, quien afirmó que las más amplias inversiones están destinadas a salud y educación que son responsabilidad del Estado, independiente de la condición en que se encuentren los ciudadanos.
Sin embargo el senador Cristo manifestó que “es evidente el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno para atender la implementación de la Ley de Víctimas y creemos que antes de terminar el mes de diciembre del presente año se habrán pagado todas la solicitudes de reparación administrativa que se hicieron bajo el amparo del decreto 1290, que creó la reparación individual”.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-377779-el-corazon-del-despojo
