En Medellín se paga hasta por cruzar la calle

El traqueteo de una ametralladora M60 rompe el silencio de las calles altas de La Sierra, en la comuna 8 de Medellín. La víctima de este lunes es un transportador que se negó a pagarle la ‘vacuna’ a una de las bandas de ‘Freddy Colas’. «Son 30 mil pesos diarios y ya estamos desangrados…, pero fíjese lo que pasa si uno no paga», dice el conductor de la buseta, que quedó con 32 impactos.

Pero esas balas, que sonaron a las 10:30 de la mañana, también llegaron hasta la vivienda de Marina y Norberto. Uno de los proyectiles quedó incrustado en la cabecera de la cama de su hijo de 4 años. A esa hora ya estaba en el jardín.

Una cuadra más abajo, y tan solo diez minutos después de la balacera, don José, comerciante de ollas de aluminio y platos de plástico, tuvo que detener su carreta para pagar la ‘liga’, como le dicen algunos jóvenes al cobro ilegal. Diez mil pesos les debió dejar a los jovencitos, que no pasan de los 12 años.

Pero ellos se sienten empoderados con el ensordecedor ruido de sus motos y con las pistolas 9 milímetros que han usado en más de una ocasión. 

Son tan solo dos caras de la moneda de la rampante extorsión que se pasea por Medellín. No es propio únicamente de los barrios altos o de las comunas 8 y 13. En El Poblado, uno de los sectores más exclusivos, se puede ser víctima, de una manera más sofisticada. 

Los cobros varían según el tamaño del establecimiento, el supermercado, la caseta de celulares, la droguería o el puesto de arepas. En uno de los barrios de San Javier (comuna 13), las señoras solo pueden vender arepas y empanadas de una fábrica del centro de Medellín, porque los propietarios también tienen que pagar.

Las autoridades no se atreven a dar una cifra de lo que se mueve a diario en Medellín, pero tan solo contando los buses, comerciantes y hasta estudiantes de dos cuadras de un barrio, la cifra pasaría de los dos millones de pesos al día. Lo que representa miles de millones en toda la ciudad.

Ese mismo lunes en la tarde, en otro extremo de Villa Hermosa (comuna 8), el equipo periodístico de EL TIEMPO fue testigo de cómo una lideresa comunal tuvo que enfrentarse con un grupo de niños de entre 10 y 13 años para que dejaran de intimidar a los vecinos.

«No puede ser que ustedes estén azuzando a la gente para que les paguen 500 pesos…», les dijo ella muy enojada. Los muchachos sacaron de los bolsillos lo que ya habían recogido y se lo repartieron. El ‘negocio’ consistía en cobrar 500 pesos a las personas que pasaran en moto por su cuadra y mil a los que llevaran parrillero.

Otro líder asegura que los únicos que no son vacunados son los militares y policías, «y eso porque tienen uniforme». Tal vez tenga razón. No hay una sola persona con la que se hable que no haya sido extorsionada, en por lo menos 500 pesos.

El sector transportador es el más afectado, pero, paradójicamente, los propietarios prefieren no denunciar en público. Precisamente, la presión de los mal llamados ‘combos’, que en verdad son bandas delincuenciales, llevó a que 300 conductores de buses de transporte público dejaran de prestar su servicio a mediados de febrero, luego de que uno de los choferes fue asesinado al negarse a pagar la extorsión.

Zozobra en Independencias

«Todos estamos vacunados. Los que van a Envigado, la ruta de Belén, los que suben a Manrique, San Javier… todos», señala el despachador de una de las empresas. Ellos también pusieron su cuota de víctimas. La joven que hacía las planillas fue asesinada la primera semana de marzo. 

Y si los transportadores se niegan a hablar, el ciudadano común y corriente no quiere siquiera aceptar que existe la extorsión. «Los pelaos le cobran a uno la cuota para mantenerse, y el lío es que si no se les da, cuando están en el viaje (drogados) le van tirando a uno», dice otra mujer, líderesa de la comuna 13.

Allí, en un sector del barrio Independencias I, para cruzar la calle que lleva a las escaleras eléctricas hay que pagar 500 pesos. El cobro lo hacen dos muchachitos de 10 y 11 años.

«Nosotros vivimos 15 años en el barrio y mi hijo mayor, que trabaja en el centro, se negó a darles los 500 pesos. No le dijeron nada, pero por la noche, cuando volvía, lo agarraron a bala y nos llenaron de plomo el frente de la casita. Por eso nos salimos de ahí y dejamos todo botado», relata una habitante de la zona.

Ese es otro problema que ha generado la extorsión en Medellín: el desplazamiento urbano. El no pago lleva a las retaliaciones con atentados y homicidios y estos, al abandono de casas que son ocupadas por los combos.

Desde allí montan sus ‘cuarteles’ de ataque a las otras bandas y controlan las pocas cuadras en las que se pueden mover.

«Qué va a denunciar uno, ¿que le toca dar 500 pesos para usar la escalera? ¿Que a los niños les quitan otros 500 pesos de la plata de las onces? ¿Usted cree que a un policía o a un fiscal le importa eso?», agrega la vecina de una droguería que paga su ‘vacuna’ en especie. Antibióticos, aspirinas y hasta condones están en la extorsión semanal.

Los habitantes de los barrios altos de las comunas 8 y 13 hacen todo tipo de esfuerzos para evitar que los cobros ilegales sigan acorralando a los habitantes, pero su lucha, sobre todo la de las mujeres, parece ser en vano porque está atravesada por la violencia de las bandas que se pelean el microtráfico de droga.

La ‘oficina de Envigado’ y ‘los Urabeños’, además de disputarse el control de las comunas, tienen todo un manejo de las ‘ganancias’ que deja la extorsión.

Dos hombres de cada bando son identificados como los mayores recaudadores: ‘Freddy Colas’ y ‘Carlos Pesebre’. Este último, capturado el lunes, es identificado por las autoridades como la ficha de ‘los Urabeños’ para disputarle el poder a ‘la Oficina’.

«No creemos que existan soluciones prontas. Hasta una congregación religiosa fue obligada a entregar parte del producido de los ponches que preparan para autosostenerse. Esa es la realidad de la mayoría», señala otro líder.

La Policía se la jugará con un Gaula exclusivo para Medellín. La gente y los líderes sociales no creen que allí esté el remedio para la enfermedad, que sigue haciendo metástasis en la ciudad.
 

Los más de 50 mil millones de pesos en efectivo que mueven diariamente los centros de abasto y plazas de mercado del país los han convertido en botín codiciado por las organizaciones delictivas.

Una investigación de EL TIEMPO, de mediados del 2012 encontró que en ciudades como Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cartagena y Cali, las bandas criminales de los ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, lo mismo que la guerrilla y otros grupos mafiosos realizan millonarios cobros a cambio de una supuesta seguridad para los comerciantes y de ello devengan ganancias astronómicas que a su vez alimentan la violencia en las ciudades. 

El año pasado, por ejemplo, fue desde la plaza de mercado de Santa Marta donde los ‘Urabeños’ emprendieron una cruzada desestabilizadora que no solo paralizó a esta ciudad sino sectores de Medellín y Urabá De hecho, el Gobierno diagnosticó el problema como una verdadera bomba de tiempo y le asignó al Gaula la tarea de contrarrestar la actividad delincuenciaL que se mueve adentro y a su alrededor.

‘No les voy a dar un peso’

Santa Marta. Después de siete años en Santa Marta, la bogotana Maye de Vega, chef y propietaria del restaurante Gourmet Plaza Bistro, uno de los más reconocidos de la ciudad, decidió cerrar hace dos semanas su negocio. Primero, hace un año, fue amenazada por las denuncias que hacía por los altos niveles de ruido en los bares del Centro Histórico (esto la obligó a cerrar un hotel a los ocho meses de abierto), pero a partir de octubre las amenazas se convirtieron en exigencias económicas. 

Los delincuentes, que se identificaban como integrantes de una banda, primero le pedían 20 millones de pesos y luego 50 millones para colaborar con la causa. La respuesta de Maye siempre fue la misma: «No les voy a dar un peso». Ante su renuencia a pagar, la amenazaron con matar a su hija de 14 años, a quien tuvo que sacar de la ciudad el mes pasado. «Esto ha sido muy duro, decidí cerrar por seguridad (…) Esa gente sabe todo de uno, que tengo mi cuenta en Davivienda, que mi hija estudia en tal colegio, que tengo tantos empleados», cuenta Maye. Pese a las acciones de la Policía para contrarrestar la extorsión, comerciantes de Santa Marta continúan siendo víctimas. Germán Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), dijo que los cobros se mantienen y que los victimarios se hacen pasar como miembros de bandas criminales. Castellanos explicó que, en algunos casos, envían a cobrar a mujeres jóvenes. No obstante, el dirigente gremial reconoce la labor de inteligencia y el acompañamiento a los comerciantes por la Policía. En noviembre pasado, después del atentado con granada contra el supermercado Rapimercar (cuyos dueños niegan ser víctimas de extorsión), situado en el mercado público, donde murieron tres personas -entre ellas una niña de 6 años-, el Gaula de la Policía abrió oficina en el sector. El comandante del Gaula de la Policía de Magdalena, capitán Alexánder Velandia, dijo que este año 11 personas han denunciado extorsiones y han sido capturados 12 delincuentes.