No comparten decisión indígena de exigir el retiro de Ejército y Policía.
El pasado domingo los indígenas hablaron de la medianoche del lunes como el plazo que daban a los grupos armados ilegales y legales para dejar sus territorios. La intención, según confirmaron este lunes, eshacer mingas hasta los sitios donde se concentran los unos y los otros para obligarlos al retiro definitivo.
Pero en Miranda las autoridades no apoyan la salida de la Fuerza Pública. «Si sale, no sabemos en manos de quién se puede caer. No se está en un proceso de paz para decir que se deben ir… Sería excelente una salida pacífica al conflicto, pero mientras tanto la salida de la Fuerza Pública sería un salto al vacío para la seguridad del municipio«, afirmó el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga
Esta población cuenta con 35.000 habitantes y una treintena de corregimientos y veredas. La parte alta de la montaña hace parte de los corredores del norte del Cauca de la guerrilla.
También la personera del municipio, Isabel Cristina Cardona, se ha expresado contraria a la salida de la Fuerza Pública. «Es su deber constitucional hacer presencia en todo el territorio nacional», dice.
Frente al supuesto retiro de las Farc, Feliciano Valencia, uno de los voceros indígenas, dijo: «Se han revisado puntos donde tenían campamentos y trincheras y se han ido retirando; no se encontraron sino rastros y se miró para dónde han cogido, y se está informando a la guardia, regada por esos lados, para seguir en esas acciones de control territorial».
En la noche de este lunes, las autoridades indígenas tenían previsto un encuentro para analizar los registros fotográficos, videos e informes de las mingas realizadas en Miranda y Toribío.
«Estos momentos son de organización y preparación, acopio de alimentos y medicamentos, y se ultiman detalles para la minga de este martes para seguir fortaleciendo el control territorial», agregó Valencia.
Las autoridades de los resguardos nasa del norte del Cauca han expresado que la intención no es agredir a nadie. «Es decirles con la razón que nos asiste que nos cansamos de la guerra y no aguantamos más. Que los armados se vayan para que nos dejen construir la paz», afirman varios líderes.
Rechazaron las declaraciones del Ministro de Defensa en las que hizo alusión a las declaraciones de una líder de la Organización de los Pueblos Indígenas (Opic), según la cual las Farc intentan infiltrar a las comunidades para apoyar la iniciativa de sacar a la Fuerza Pública del norte del Cauca.
Los líderes indígenas calificaron de peligrosas las palabras de Pinzón y hablan incluso de «un acto judicial». «Esto pone en riesgo lo que venimos haciendo; no tiene que ver nada con la verdad y la realidad», anotó Valencia.
Sobre la intervención del juez español Baltasar Garzón en el caso, Valencia dijo que él llegó preocupado por la situación del Cauca y que ha dicho que está dispuesto a ayudar, pero que no se trata de una mediación oficial.
A su vez, Garzón dijo que no iba en nombre de nadie, que ha escuchado a los indígenas y que ve en ellos voluntad para resolver de manera «pacífica» la tensa situación en la que está el Cauca hace una semana, cuando, a raíz de los daños sufridos por hostigamientos de guerrilleros y en medio de la respuesta de las autoridades militares y policiales, decidieron que todos tenían que dejar sus tierras.
Feliciano Valencia, líder indígena del norte del Cauca, relató: «Al llegar al sitio donde cayó el Supertucano la comunidad encontró una caja, que si corresponde a la caja negra, estamos dispuestos a entregarla. Allí no se encontró armamento».
Las Farc habrían llegado primero al sitio, de acuerdo con la versión de los indígenas.
En el accidente murieron los dos tripulantes, un piloto y un técnico de la Fuerza Aérea. Precisamente, las Farc entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cadáver del técnico.
La preocupación ahora es que las bombas desaparecidas, unas MK 82, tienen, cada una, una capacidad de destrucción de hasta 150 metros a la redonda cada una.
Secuestro de pilotos, otro incumplimiento de Farc
Según pobladores de la zona, las Farc se llevaron a los dos tripulantes (Juan Carlos Álvarez y Alejandro Ocampo), de la empresa Helifly, luego de prenderle fuego a la aeronave.
La retención de los tripulantes es una nueva contradicción de la guerrilla frente a su anuncio de abandonar el secuestro,
el pasado 26 de febrero. Si bien se refirió al secuestro extorsivo, el de los pilotos tampoco se trata de un secuestro por razones políticas, pues ellos son civiles y, en esa medida, las Farc están violando las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El anuncio de la guerrilla fue entendido en su momento como un mensaje al llamado del presidente Juan Manuel Santos de poner fin al secuestro como una condición para pensar en
un proceso de paz.
El analista Alejo Vargas cree que hay que esperar unos días a ver si las Farc ponen en libertad a los tripulantes. «Su credibilidad, que está por el suelo, se deterioraría mucho más. Tienen que darle salida rápida a este asunto», dijo.
Más crítico estuvo el analista Román Ortiz. «Una vez más las Farc están mintiendo. Desde hace varios meses dijeron que abandonarían ese delito», dijo.
El presidente Santos le dijo a EL TIEMPO hace una semana que ahora no hay ningún tipo de comunicación suya con las Farc.
