En un año saldrían libres primeros jefes ‘paras’. Lento capítulo de implicados de Fuerza Pública.
“El capítulo de los militares involucrados con las Autodefensas va a ser más doloroso y traumático que el de la ‘parapolítica’ ”. Con esa frase, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso advirtió en el 2009, desde una cárcel en Estados Unidos, lo que sería el episodio en la justicia colombiana sobre los nexos de uniformados con las Autodefensas.
Este jueves, cuando se completan 8 años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, que dio piso al proceso de entrega de paramilitares y que luego se extendió a algunos guerrilleros, el balance de ese capítulo es la compulsa de copias para que investiguen a 1.124 integrantes de la Fuerza Pública. (Lea: »Bacrim’ son resultado de un mal proceso’: ‘Don Mario’).
Todos, según los testimonios de los desmovilizados, estuvieron en la nómina de los ‘paras’ o, por lo menos, abrieron las puertas de decenas de pueblos para que las Auc cometieran masacres, violaciones y desplazamientos.
En la larga lista de salpicados aparecen por lo menos cinco generales.Pero la escasez de sentencias en el sistema no solo ha sido en los procesos contra los paramilitares (van 14 condenas), sino también en las investigaciones a los uniformados.
El único general sentenciado por la justicia es Rito Alejo del Río, quien en su época fue conocido como el ‘pacificador de Urabá’. Él cumple una pena de 26 años de cárcel por el crimen del campesino Marino López, en el Chocó, durante la sangrienta avanzada paramilitar en 1997. En Estados Unidos, una corte de Virginia condenó al general (r) Mauricio Santoyo a 13 años de cárcel por haber cooperado con grupos paramilitares.
Solo por lo confesado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, los fiscales de justicia y paz compulsaron copias contra 269 personas, entre civiles y uniformados.
Mancuso, por ejemplo, relacionó al general Carlos Alberto Ospina, excomandante de las Fuerzas Militares, con la masacre del Aro, perpetrada por paramilitares el 25 de octubre de 1997 en Ituango (Antioquia). Para ese momento Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, que a su vez está enredada en la cuestionada operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, en hechos en los que también ha sido mencionado el excomandante del Ejército general Mario Montoya.
Pero ni Montoya ni Ospina tienen hasta ahora procesos formales.
En la larga lista, de acuerdo con los expedientes en poder de la Fiscalía, aparecen el mayor Luis Guillermo Parra, excomandante de la Policía en Montería; el mayor Mauricio Llorente, el coronel Víctor Hugo Matamoros, el capitán Chamorro y los cabos Ibarra y Molina.
También están el coronel Carlos Suárez y el general Jesús Antonio Gómez, quien en el 2008 fue llamado a calificar servicios en la Policía en medio de un escándalo tras la revelación de grabaciones en las que su nombre era mencionado por personas cercanas al narco y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’.
En ocho años de versiones, los ‘paras’ no solo han mencionado a militares, sino también a funcionarios del DAS y de la Fiscalía. En ese dossier están los nombres del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, quien está preso por el escándalo de las ‘chuzadas’, pero hasta ahora no tiene ninguna condena en su contra. Él ha sido mencionado como una ficha clave de los ‘paras’ en los crímenes de Jaime Garzón, del exsenador Manuel Cepeda y el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.
La acumulación de procesos –no solo de los ‘salpicados’, entre los que hay políticos, sino de los mismos contra paramilitares– llevó a la Fiscalía a plantear la priorización como modelo en las investigaciones. Se trata de investigar en contexto para llegar a los máximos responsables de esos delitos, con lo que esperan lograr condenas contra todos los que participaron o ayudaron a las Auc en sus acciones ilegales.
Tribunales decidirán libertades
En el 2014 empezarían a quedar en libertad los primeros exparamilitares tras cumplir la pena alternativa de 8 años de cárcel, fijada en la Ley de Justicia y Paz. Tribunales tendrán que evaluar si confesaron sus delitos, pidieron perdón y repararon a sus víctimas. Luego de ese examen empezarán a expedir las órdenes de libertad. En esa valoración será clave el tiempo de la pena impuesta que contará a partir del momento que están en una cárcel del Inpec. Al menos 30 postulados ya han pedido salir de las cárceles argumentando que ya cumplieron sus penas, pero hasta ahora ninguno ha conseguido el aval. Las solicitudes de libertad de los desmovilizados han llegado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que ha señalado que la pena alternativa no es un derecho adquirido sino una expectativa que se consigue luego de verificar el cumplimiento de los compromisos.
REDACCIÓN JUSTICIA
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