Luego de analizar a 700 mineros artesanales de carbón de Paipa, un grupo de investigadores encontró que el 27% sufre de enfermedad pulmonar crónica.
En las minas de carbón de Paipa, Boyacá, trabajan desde menores de 16 hasta ancianos de 75 años. Algunos de ellos, los “piqueros”, encargados de resquebrajar el material, pueden pasar hasta cuatro horas en la misma posición, en cuclillas. Cuando hay tiempo para el descanso, que es casi nunca, no hay mayores opciones para cambiar de postura, sobre todo en las minas subterráneas que son estrechas y oscuras, que están colmadas de gases, cuyas emisiones ni siquiera son cuantificadas.
Hasta allí llegó un grupo de profesores y estudiantes de medicina y terapia ocupacional de la Universidad de Boyacá desde hace dos años. Querían medir los impactos que estas condiciones de trabajo extremas estaban teniendo en los mineros artesanales. Con una enorme dificultad —porque en este sector reina la ilegalidad y el incumplimiento de las normas— lograron la aprobación de 700 empleados de estas minas para realizarles una serie de análisis.
La principal conclusión, la más preocupante, advierte Nubia González, coordinadora del programa de Medicina de la universidad, es que el 27% de esta población presenta “un patrón respiratorio obstructivo o restrictivo, lo que quiere decir que son personas con una enfermedad pulmonar crónica, en progreso. Aunque están en niveles leves, y se puede intervenir con procesos de rehabilitación pulmonar y medidas de salud ocupacional, esta condición no se pueden revertir”, explica González.
El futuro de estos mineros —que no están recibiendo tratamiento médico, que siguen trabajando sin medidas de seguridad y que no admiten que están en riesgo porque sus abuelos y sus papás han dedicado la vida a esta actividad “y no se han muerto”— podría ser el de pacientes “oxígeno-dependientes, que se fatigan con mucha facilidad, que tienen afecciones respiratorias recurrentes y hospitalizaciones frecuentes. Incluso pueden terminar con un síndrome de enfermedad respiratoria que los incapacite totalmente”, dice González.
Las posturas corporales incómodas, llevadas al extremo, también fueron analizadas por este grupo de investigadores. “La alteración postular más común fue la hipercifosis dorsal, llamada coloquialmente joroba —dice Paola Barreto, jefe del departamento de Salud Pública de la facultad de Ciencias de la Salud—. Estas alteraciones provocan un desbalance muscular: los músculos de la columna no trabajan de manera sincronizada con los músculos abdominales, y esto los hace susceptible a lesiones como las hernias discales”. En otras palabras, explica Barreto, este tipo de lesiones pueden generar alteraciones motrices y sensitivas en las extremidades, “lo que lleva a altos grados de discapacidad e incapacidad”.
Estas condiciones laborales adversas se explican, en palabras de Nubia González, por la falta de controles. “Encontramos minas que tienen legalidad de papel, que cuentan con licencia para trabajar, pero cuando se va al sitio, no hay cumplimiento de la normas: no tienen lámparas de detección de gases ni sistemas de ventilación adecuados y los mineros ni siquiera usan tapabocas”, afirma González, quien además agrega que a los anteriores incumplimientos se les suma la pasividad de las ARP (Aseguradora de Riesgos Profesionales), las cuales “están interviniendo tardíamente, cuando es su deber brindar asesoría en prevención”.
De los 126 municipios de Boyacá, González calcula que en por lo menos 40 la economía depende de la explotación minera de carbón. La realidad de Paipa probablemente se está replicando en muchos de estos sitios, y por eso la universidad extenderá su investigación a municipios como Samacá y Tópaga.
Por otro lado, los investigadores aspiran recibir nuevos recursos de convocatorias como las ofrecidas por Colciencias con dineros de regalías, para llevar esta pesquisa a un nuevo nivel: “La siguiente sería la fase de rehabilitación pulmonar y salud ocupacional, pero eso implica más apoyo”, concluye González.
Por: Redacción Vivir
