Defender los derechos humanos en Bogotá se ha convertido en un trabajo heroico. Desde 2014 hasta ahora, 166 personas han denunciado amenazas.
Desde que trabaja con la comunidad, Ricardo Ruge, integrante del movimiento Laboratorios de Paz, ha aguantado durante siete años amenazas por su labor con jóvenes y víctimas del conflicto, en la localidad de Suba. Este defensor de derechos humanos realiza proyectos con mensajes claros: hay que construir paz y formar gestores, para arrebatarles los jóvenes al crimen; hacer visible a las víctimas, y hacer valer lo público. Confiesa que tiene miedo de que algún día todo acabe en tragedia por la falta de apoyo del Estado y por la impunidad en los casos que denuncia.
Aunque su preocupación no es nueva, no deja de ser importante. Según datos de la secretaría de Gobierno, desde enero del 2014 han asesinado a cuatro líderes y han denunciado 166 amenazas. De ellas, hasta el momento, las investigaciones no han arrojado resultados. “Los panfletos de las Águilas Negras llegan con frecuencia e, incluso, nos han perseguido en carros blindados. Comenzamos a hablar con la secretaría de Gobierno para tomar medidas, más allá de la auto protección”, dice Ruge, quien recibió la última amenaza en marzo. A líderes como él les queda claro que tendrán protección cuando suceda una tragedia: “Aquí eso es para los que tienen palanca”, sentencia.
Bogotá es uno de los territorios más complicados para ejercer liderazgo a favor de los derechos humanos. Así lo afirma una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo en noviembre del año pasado. Allí expresaba su preocupación por la vida de más de 500 personas amenazadas por grupos al margen de la ley. “La situación de riesgo persiste en razón a las continuas amenazas de presuntos grupos armados posdesmovilización de las Auc, autodenominados Águilas Negras, Bloque Capital, Rastrojos Comandos Urbanos y de miembros de las Farc y del Eln”, manifiesta el documento.
Este oficio asegura que, de acuerdo con las cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), desde 2012 a julio de 2014, en Bogotá se han realizado 2.039 estudios de riesgo, de los que “cinco se clasificaron de nivel extremo, 771 de nivel extraordinario, 1.263 de nivel ordinario y 413 devoluciones”.
Es evidente que no todos reciben ayuda y no todos pueden tener un esquema de seguridad. Como consecuencia, muchos tienen que desaparecer de los territorios por un buen tiempo o acudir al desplazamiento intraurbano. Así lo cuenta Edith Parada, edilesa de San Cristóbal, quien también tuvo que padecer amenazas, tras realizar denuncias de batidas ilegales y de microtráfico en esta localidad.
Después de tanto pelear y buscar ayuda en todas partes, la UNP le hizo el estudio de riesgo y le asignaron un escolta. “Claro que para eso tuvo que pasar mucho tiempo. Los procesos para obtener seguridad son largos y tormentosos. Hay denuncias que son inútiles, porque hay muchos líderes que han muerto o han sido atacados esperando una respuesta”, agrega la edilesa.
Otro inconveniente que ven estos dos líderes es que la Administración aún no reconoce la presencia de bandas criminales y la existencia de un conflicto urbano. Parada, por ejemplo, denuncia que muchas veces cuando van hasta el Distrito la respuesta es callar estos problemas para no generar pánico entre los ciudadanos.
Esta afirmación la desmiente la directora de Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno, Ada América Millares, quien explica que el Distrito tiene un proyecto para la prevención y la protección de los líderes. Allí se presta una atención inicial, a través de un operador, mientras la UNP detalla cada caso. Vale la pena mencionar que hasta hace poco este esquema funcionó a medias, ya que la Secretaría tardó un año en adjudicar el contrato al nuevo operador.
Según la directora de Derechos Humanos, esto ocurrió porque los concursantes no cumplían con el pliego de peticiones y “hubiera sido irresponsable encargar la vida de estas personas a cualquier empresa”. Desde enero comenzó a funcionar y en lo corrido de 2015 ha atendido a 42 personas. Allí se les da la posibilidad de cambiar de vivienda, tener un subsidio de alimentación y contar con una capacitación de autoprotección.
Aunque la seguridad inmediata es crucial para que los líderes puedan realizar su trabajo, para Millares los problemas de seguridad no solo se limitan a tener un escolta. La gravedad está en el alto porcentaje de impunidad en los casos de amenazas y homicidios de líderes. “Las investigaciones son lentas y hasta el momento no hay capturas por los casos recientes, como el del asesinato del líder Carlos Alberto Pedraza, que ocurrió el pasado 19 de enero, o la de los bailarines afro en Ciudad Bolívar”, asegura.
“No todos están en riesgo”
La Unidad Nacional de Protección (UNP) se encarga de suministrar esquemas de seguridad para personas en riesgo “extremo” o “extraordinario”, Su director, Diego Mora, reconoce que no todas las personas que hacen una denuncia pueden acceder a la protección, pues “no todos están en riesgo”. En ocasiones el peligro tiene un componente de percepción y en otras, las amenazas no son ciertas.
Pero ¿cómo se determina quién está en peligro? Mora explica que apenas llegan las denuncias a la UNP, estas son valoradas a través de un estudio de riesgo. Por ejemplo, el año pasado llegaron a la entidad 14.000 solicitudes y de ellas solo 2.000 ameritaban protección. “Allí pasan por cuatro procesos, que pueden demorar cuatro meses. Hay casos especiales en los que la entidad solo demora 48 horas, pero estos son excepcionales cuando el riesgo es extremo”, añade.
Claro está que la evaluación puede ser errónea, pero casi nunca ocurre, según el funcionario. Lo que sí quiere dejar claro es que siempre se evalúan todos los casos y que cuando se necesita medida de protección, se otorga. Si hay algún caso sin respuesta, la persona tiene que ir a la UNP para verificar en qué va el proceso.
En Bogotá hay 81 líderes de organizaciones sociales que tienen esquema de seguridad. A diferencia de lo que asegura la Defensoría del Pueblo, Mora cree que la capital hay una alta concentración de protegidos, pero es tal vez la de menor riesgo para líderes y defensores en el país, una afirmación que por supuesto, según los mismos afectados, desconoce una realidad: que el conflicto se trasladó a la ciudad.
