Entrelíneas del acuerdo

Pasada la euforia del positivo anuncio de la concreción de un primer acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, en torno al primer punto de la agenda del proceso de paz, la política de desarrollo agrario integral, vienen ahora los análisis y la obligación de pensar de cara al futuro en la instrumentación de lo anunciado. Porque si bien el mensaje del pasado domingo significó un gran paso en la búsqueda de una verdadera reforma agraria como punto de partida para el fin del conflicto, quedó también la sensación —como lo dijo Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— que lo que se dijo fueron “sólo titulares” y falta conocer los detalles.
 

Por eso, el mismo jefe de Estado les salió al paso a las dudas que desde diferentes sectores —sobre todo los gremios del agro— comenzaron a plantearse en torno a lo logrado. Ayer, en una declaración al término de un consejo de ministros en el que recibió un informe por parte de los negociadores del Gobierno en La Habana, enfatizó que hasta que no se concreten consensos en todos los puntos nada cambia e instó a trabajar con más celeridad hacia un acuerdo final. De paso —sin profundizar— habló de “cuatro pilares fundamentales” para la transformación del campo colombiano y la reversión de la guerra. En esencia, ahondó en parte de lo acordado en Cuba.
 

Se refirió, por ejemplo, a la distribución de la tierra entre los campesinos y a la anunciada creación de un fondo alimentado de tierras ilegalmente obtenidas. En este sentido, dijo que la inmensa mayoría de los habitantes del campo que han obtenido sus parcelas legítimamente nada tienen que temer. “No se trata sólo de distribuir tierras, sino de darles a los campesinos los elementos para que sean productivas: riego, asistencia técnica. El acceso incluye la formalización de la tierra y trabajar para que los legítimos y pacíficos poseedores tengan sus títulos”, explicó Santos.
 

Según el primer mandatario, se creará un sistema judicial de protección eficaz de los derechos de propiedad de los más indefensos y se buscará el mejoramiento del uso de los suelos. Y se refirió también a la actualización del Catastro para un mejor recaudo del impuesto predial; al desarrollo agrícola con enfoque en los territorios más necesitados; a planes de salud, educación, vías, vivienda y protección social para la reducción de la pobreza en el campo y a concentrar esfuerzos para llevar la producción alimentaria a los más pobres, con programas especiales contra el hambre.
 

Queda claro que si bien muchos consideran que lo que se hizo fue un anuncio de buenos oficios con el fin de permitir la continuidad de los diálogos, pasando a partir del próximo 11 de junio al tema de la participación en política, también es cierto que desde un comienzo el Gobierno ha dicho que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, y que tal y como lo establece el acuerdo inicial pactado con la guerrilla, habrá una tercera fase de implementación, verificación y refrendación. Ello implica una revisión de lo acordado a través de una comisión técnico-especial que se crearía para tal fin.

Sobre la refrendación, el Gobierno sigue hablando de consulta popular y las Farc de constituyente. En su momento se tomará la decisión, pero hay quienes dicen que la segunda opción sigue cogiendo fuerza. Sea como sea, voceros cercanos al proceso han dicho que una vez cumplidos todos estos pasos, serían 10 años para poner en marcha todo lo pactado. Y, precisamente, uno de los puntos claves de esa tercera fase de implementación habla de acompañamiento internacional y presupuesto. Es decir, se tiene claro que vendrá una ardua tarea de Estado que implica el trámite de leyes y la expedición de decretos y documentos Conpes, que garanticen financieramente que lo firmado en el papel se pueda aplicar en la práctica.
 

“Los textos concretos y puntuales no van a ser divulgados hasta que las partes consideren prudente hacerlo”, le dijo a El Espectador el saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien reconoció que cuando estén negociados todos los puntos comenzará la implementación de los acuerdos, “que no es otra cosa que las políticas públicas que se han de poner en marcha en el posconflicto y, en ese momento, el desarrollo rural y las tierras tomarán un lugar protagónico”. Un paso que implica la asignación de recursos, tanto del Estado como del capital privado, para cumplir con lo prometido.
 

Para la SAC, los elementos esenciales del modelo vigente que debemos destacar son el respeto a la propiedad privada bien habida y la actividad productiva en el marco de la economía de mercado. “La SAC se declara a la expectativa y hará su pronunciamiento oficial una vez conozca por parte del Gobierno lo acordado y haya analizado el documento, que debe ser entregado al país en forma transparente y oportuna”, expresó Rafael Mejía en un comunicado. A su vez, el presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, crítico del gobierno Santos, señaló que “el proceso ha tenido mucho ruido y poco acuerdo, y que para reconocer el abandono del campo no se necesitan seis meses de negociaciones”.
 

Del otro lado, Miguel Cifuentes, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), consideró fundamental que se manifieste la intención de darle un reconocimiento y dignificar al campesino: “Creo que el acuerdo es más de generalidades y de voluntad política. Pero cuando hablamos de materialización, consideramos que debe crearse una institucionalidad operativa en Colombia y que se pueda construir una política de desarrollo rural que sea incluyente de las personas que vivimos en el campo”. De cualquier manera, el primer paso está dado y, para muchos, la paz no tiene reversa.