A los 5.782 cadáveres exhumados hasta febrero, se suma hoy la esperanza de cientos de familias de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Pero esta es apenas una de las fosas que todavía están por descubrirse en Colombia.
Control sin ley
La Escombrera es un extenso lote de terreno ubicado en la Comuna 13 en el suroccidente de Medellín. El lugar ha sido utilizado por años como botadero de escombros, pero se presume que allí están enterradas las personas que fueron desaparecidas y asesinadas por ser consideradas sospechosas de tener vínculos con las milicias urbanas de la guerrilla.
Según varios reportes, los autores de estos hechos violentos fueron integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las AUC junto con miembros de la IV Brigada del Ejército, en desarrollo de la operación Orión, una incursión militar de cerca de mil soldados que entraron a la comuna, acompañados por paramilitares, con el fin de aniquilar a los insurgentes y a todos aquellos que eran considerados como sus simpatizantes.
La operación fue calificada por el estamento militar cómo una “pacificación” o, para decirlo con las palabras de Natalia Springer, como un ejemplo de lo que significa en Colombia recuperar el ‘control del Estado’ sobre el territorio.
Buscando la verdad
En este momento los habitantes de la Comuna 13 buscan a sus familiares desaparecidos, a quienes representan con siluetas de cartón negro, como testigos mudos que miran impasibles el trabajo de remoción de escombros que hacen los buldóceres.
El proyecto está liderado por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, el ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria; y por el lado de las víctimas participan la organización Mujeres Caminando por la Verdad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Fundación de la Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad.
Desde hace diez años, muchas voces se han pronunciado para exigir que se esclarezcan los crímenes enterrados en La Escombrera. Adriana Arboleda, una abogada en derechos humanos, ha venido haciendo eco de las denuncias formuladas por los habitantes de la Comuna 13, quienes afirman que allí fueron asesinados y enterrados los cuerpos de sus familiares desaparecidos. El tiempo ha acabado por darle la razón y hoy en día, junto con varios familiares de los desaparecidos, Adriana acompaña los procesos de exhumación en La Escombrera.
Nadie creyó en sus denuncias y nadie oyó el clamor de los familiares en su momento. Estas obstinadas negación e indolencia de las autoridades han tenido consecuencias irremediables: no se sabe cuántos muertos hay en el basurero (aunque la Alcaldía de Medellín presume que podrían ser trescientos), no se recibieron denuncias, ni se documentaron los casos de las personas que reportaban a sus familiares como desaparecidos. Por lo tanto, no existen procesos penales.
Los antropólogos forenses excavan sin saber qué van a encontrar debajo de los 23.000 metros cúbicos de escombros de La Escombrera, donde se presume que puede haber restos humanos. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, la Fiscalía está dispuesta a encontrarlos.
En este caso singular la Fiscalía enfrenta un proceso complejo, por el tamaño de la fosa y porque para acceder a los supuestos restos se deben retirar diez metros de escombros de la parte superior del basurero.
Pero quizás el mayor reto que enfrenta el proyecto es el muro de silencio e impunidad con el que quedó sellado este crimen de Estado (por la naturaleza de sus autores). Alias “Don Berna” confesó que Orión, y las demás operaciones militares que tuvieron lugar en 2002 dentro de la Comuna 13, fueron planeadas y ejecutadas por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC en asocio con integrantes de la Policía de Medellín y de la IV Brigada del Ejército.
Los ríos de tumbas
El proyecto La Escombrera es la punta de un iceberg de dimensiones impredecibles, pues se trata del único proyecto estatal que busca esclarecer un número indeterminado de personas desaparecidas por las Fuerza Armadas.
El resto del iceberg permanece bajo el agua, y en él yacen los restos de miles de colombianos anónimos que fueron asesinados y desaparecidos en sitios remotos, y cuyos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes o arrojados a los ríos Magdalena y Cauca (por mencionar solo los más conocidos).
Sin embargo, no podemos estimar la cantidad de personas víctimas de desaparición forzada y cuyos cuerpos fueron arrojados a los ríos. Esta fue una práctica recurrente durante la violencia liberal-conservadora de la década de 1930, bajo La Violencia de los años cincuenta y durante el auge del paramilitarismo y el narcotráfico en las décadas de 1990 y 2000.
Paramilitares, guerrilla y narcotraficantes se han valido de este sistema para desaparecer a sus víctimas y borrar las evidencias de sus crímenes. La conversión de los ríos en fosas comunes y la generalización de la desaparición forzada como modalidad de violencia han sido estrategias preferidas por los actores del conflicto para ocultar la magnitud de su violencia.
De cara a un posible proceso de reconciliación nacional es inevitable preguntarse quién velará por las memorias de esos seres sin nombre y sin rostro cuyos restos se designan como NN.
¿Quién rescatará esas voces apagadas y casi inaudibles para que hagan parte del concierto de las víctimas de la guerra en Colombia? ¿Cómo reconocernos en ese pasado sangriento y cruel que apenas ahora empezamos a excavar y que nos depara tantas incertidumbres?
Para superar el pasado
Esta es la verdadera catástrofe que nos deja esta larga guerra: montañas de ruinas de vidas humanas truncadas sobre las cuales no se volvió a tener noticia, madres que nunca volvieron a saber de sus hijos y que aún los esperan, porque la muerte no existe para quien no la reconoce.
La Escombrera podría ser un ejemplo de lo que tendríamos que hacer para aceptar y subsanar los estragos de la guerra: rituales de búsqueda y de acompañamiento, y actos simbólicos con el fin de limpiar los ríos que fueron convertidos en tumbas líquidas (como lo hace periódicamente el colectivo Magdalenas por el Cauca con sus balsas de caña en cuyas velas han sido pintados los rostros de los desaparecidos).
La Escombrera podría ser la primera piedra de un largo proceso de esclarecimiento del pasado, impulsado por el Estado colombiano y acompañado por organizaciones sociales, que asigne responsabilidades, algo necesario e impostergable para una sociedad asediada por un pasado violento.
Si este proceso que estamos viviendo se convierte en un itinerario de esclarecimiento, los autores de hechos como los ocurridos en La Escombrera, en el Naya, en El Salado, o en cualquier otro rincón donde haya desaparecido una persona, tendrán la obligación moral de reconocerlo y aclararlo. Solo así tendremos la posibilidad de pasar la página y sanarnos.
