Un nuevo pulso entre comunidades indígenas y el Estado quedó casado ayer, luego de que la Corte Constitucional le dio al Ministerio de Defensa un plazo de seis meses para reubicar el centro de entrenamiento de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Infantería de Marina en San José del Guaviare y de que ese despacho anunció que dará la pelea jurídica por el terreno, considerado clave para la seguridad nacional.
Según el tribunal constitucional, la base militar invadió seis hectáreas del resguardo indígena Guayabero, de los jiw, que ancestralmente han vivido en esa zona del país.
Advierte que el Estado no ha atendido la grave situación en la que están esa comunidad y sus vecinos, los nukak, y que el Gobierno ha incumplido lo dispuesto en una tutela del 2005, en la que la Corte ordenó protección especial para los indígenas de Guaviare y Meta.
«Eso (la presencia militar) fijó límites para la movilidad de las comunidades y el hecho de transitar de un lugar a otro se convirtió en motivo de señalamientos y amenazas al ser acusados de informantes de uno u otro grupo armado (…). Estas comunidades se han visto terriblemente afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y, en consecuencia, despojadas del territorio propio», afirma la Corte.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la orden será acatada, pero adelantó que se acudirá a los recursos legales para que sea revisada.
También el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, dijo que en la base que les piden desalojar hay 500 hombres y que es para el Estado «estratégica para el control territorial».
No solo porque las bandas criminales y las Farc utilizan como corredor para el narcotráfico el río Guaviare, sino también porque el sector comunica con la Serranía de La Macarena, una retaguardia histórica de esa guerrilla.
«Ahí se han instalado el frente 16 y 44 de las Farc, células del narcotraficante ‘Cuchillo’ y de otras bandas. Por eso vamos a dar la pelea jurídica», afirmó Navas. En todo caso, primero intentarán conciliar.
La decisión de la Corte Constitucional se da pocos días después de la polémica desatada en el país por la pretensión de los indígenas del norte del Cauca de expulsar de sus territorios al Ejército, además de a las Farc, y la determinación del tribunal podría considerarse un precedente.
Sin embargo, el magistrado Ernesto Vargas, ponente del caso en la Corte, precisó que solo se refiere a la situación del resguardo indígena en San José del Guaviare.
Aclaró que no se trata de reubicar en su totalidad la base militar, sino de la devolución de los terrenos invadidos. «Es importante que cualquier solución a la que se llegue garantice la seguridad de las comunidades afectadas y que en este momento se encuentran en riesgo», añadió.
También el miembro del Consejo Directivo de la Organización Indígena de Colombia (Onic) Luis Evelys Andrade admite que la decisión de la Corte es para la problemática del pueblo jiw, y no puede aplicarse a la del Cauca. (Lea también: Marcha en apoyo al Gobierno subió tensión entre indígenas del Cauca)
No obstante añadió: «El caso demuestra que es necesaria la concertación del Ministerio de Defensa para que, por medio de la consulta previa, se acaten las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y evitar poner en peligro las comunidades».
Basada en un documento de la Defensoría del Pueblo, la Corte indica que la situación en la que se encuentran los jiw ha cobrado la vida de seis indígenas, entre ellos un menor, y que cinco han desaparecido. Menciona que miembros de estas comunidades son obligadas a trabajar en cultivos ilícitos y son reclutados por grupos armados.
Además, desde el 2006, según informes entregados al tribunal por distintas instituciones, 25 indígenas han sufrido accidentes por artefactos explosivos y municiones sin explotar. El 60 por ciento del pueblo jiw habría sido desplazado por el conflicto.
Avance militar, desde 1997
El área que debe ser desalojada por las Fuerzas Militares colinda con el resguardo indígena de Guayabero. En ese lugar los militares construyeron aulas de instrucción, una pista de entrenamiento -incluido un polígono-, una piscina, alojamientos, un tanque de agua elevado y varias torres de vigilancia.
Los informes allegados a la Corte afirman que el polígono de tiro queda detrás de las ‘chagras’ (cultivos) de la comunidad, «lo que representa un grave peligro para sus habitantes».
Otro reporte entregado por el Incoder a la Corte señala que «la invasión del terreno» de parte de los militares comenzó en abril de 1997, con la construcción de una piscina a cambio de perforar dos pozos y la red de tuberías para el abastecimiento de agua de los indígenas.
Un año después, según el mismo Incoder, por motivos de seguridad, la zona fue rodeada de trincheras y búnkeres. La situación de orden público obligó a los militares a construir puestos elevados de observación y hoy cuenta con 19 construcciones, siete de ellas permanentes.
Los indígenas recibieron el resguardo en 1975, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les adjudicó 2.500 hectáreas. En 1980, el Incora tituló a nombre del Ministerio de Defensa un terreno baldío contiguo al resguardo, conocido como Agua Bonita, para montar una base.
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