‘Estado debe tomar en serio el malestar social’

A cinco días de que llegue a Colombia la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, las relaciones entre el Gobierno y este organismo multilateral están tensas por cuenta de las denuncias que hizo públicas Todd Howland, el representante de esta oficina en Colombia.
 

Hay una “grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales” de los campesinos del Catatumbo (Norte de Santander) y ha habido un “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades en las manifestaciones, que ya cumplen un mes en esta región. Estas fueron algunas de las preocupaciones que hizo el informe de la discordia con varias autoridades (ver nota adjunta).
 

Sin querer ahondar en la polémica, en diálogo con El Espectador Howland aseguró que aunque hay personas que quieren aprovechar estas marchas políticamente, no se puede decir que los manifestantes son de las Farc, y sus peticiones responden a unas necesidades que el Gobierno debe atender.
 

Nuestra oficina hizo una visita a la región y hablamos con la Fuerza Pública, con la Fiscalía, con Medicina Legal, con los personeros, con la Defensoría del Pueblo, los alcaldes y los manifestantes, y pudimos recolectar información de lo que pasó desde cada punto de vista. Hay algunas pruebas y otras interpretaciones de los hechos que reconstruimos y dan cuenta de este exceso de fuerza. Por eso llamamos a la Fiscalía para que investigue los casos de las personas que murieron durante las protestas, porque pudimos constatar que hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública.
 

Es una situación compleja, porque no solo hubo violencia de parte de la Fuerza Pública, también hubo crímenes cometidos por los manifestantes. También constatamos que los manifestantes tenían papas bombas y atacaron a varios miembros de la Fuerza Pública en algunas ocasiones. Pero en otros momentos los campesinos tomaron rutas más pacíficas y esa relación no siempre fue de conflicto.
 

Había varios sectores, unos que en Tibú, por ejemplo, estaban protestando en contra de la Alcaldía por temas de corrupción y pésimos servicios públicos. Había otro sector que rechazaba la erradicación forzosa de coca y también había quienes exigían la declaración de zona de reserva campesina. Era una mezcla de varios asuntos. Por eso creo que es un tema difícil para la Fuerza Pública, pero hay muertos de por medio por el uso de armas contra los manifestantes y eso no se puede obviar.
 

En el Catatumbo pudimos constatar que es una región organizada socialmente y están pujando hacia un cambio. Durante años no han tenido éxito en estas peticiones y, por ejemplo, no han mejorado los servicios públicos. Estas manifestaciones no sólo son de campesinos, son también de pobladores de los municipios que se sienten frustrados frente a sus derechos de salud, educación y servicios básicos. Esto no es sólo una situación del Catatumbo. Varias zonas afectadas por el conflicto armado no tienen el mismo nivel de derechos que sí pueden llegar a tener los colombianos que viven en ciudades intermedias, como Bucaramanga, Cali, Bogotá o Medellín. Y es claro que ellos merecen los mismos derechos.
 

Es importante que cada persona pueda organizarse y manifestarse y es natural que así suceda cuando creen que sus derechos son violados, pero al mismo tiempo nadie debería violar los derechos de los demás, por eso este derecho de protestar debe tener límites. El Estado debe tomar en serio este malestar social.
 

Claro, en esta visita hablamos con todas las autoridades regionales. Ellos también expresaron su preocupación de haber quedado confinados por el paro. Los campesinos que protestan, por su parte, dijeron que iban a permitir la movilización de víveres, medicamentos, las ambulancias, porque la gente está sufriendo. Naciones Unidas no sólo está señalando al Gobierno, también trata de mediar con los campesinos para que respeten los derechos de los demás.
 

No tenemos un rol formal, nuestra intervención ha sido mucho más humanitaria y de promoción de los derechos humanos. Pero cuando hablamos con las autoridades y con los campesinos, les pedimos parar la violencia y hablar para resolver este conflicto.
 

Sin duda en este país hay personas que quieren aprovechar estas marchas políticamente, pero no se puede negar que hay campesinos que están tratando de sobrevivir y hoy expresan su deseo para que el Gobierno vuelque su mirada hacia sus problemáticas.
 

Ha habido acciones violentas de varios manifestantes, pero nosotros no tenemos información para asegurar que eran acciones de las Farc. La gran mayoría de la gente no hacía actos violentos. Había cerca de diez mil personas. No se puede afirmar que todas las acciones fueron agresivas y producto de las Farc. Sin duda la Fuerza Pública tiene que pensar cómo va a reparar su relación con muchos colombianos, por eso habría que evitar estas frases polémicas sobre las infiltraciones, porque en el caso del Catatumbo había varios sectores y no se puede generalizar y estigmatizar.
 

El proceso de negociación es sensible y es importante reconocer el esfuerzo del Gobierno y de los manifestantes de sentarse a dialogar. No es fácil y se necesita tiempo y paciencia. Al mismo tiempo que hay frustraciones es necesario seguir hablando para acordar y que la implementación de estos acuerdos se dé. Si hay algo que podemos hacer para facilitar esa negociación, estaremos ahí.
 

Las zonas de reservas campesinas se volvieron polémicas, pero dentro de la concepción de derechos humanos cada grupo puede organizarse y eso sería una zona de este tipo, una cooperativa de campesinos para organizar su producción para competir en un mercado. Lo que hay que dejar claro es que eso no significa tener autonomía de gobierno como podría tenerla el resguardo indígena.