El impacto que ha tenido la aparición de falsas víctimas presentadas en el caso Mapiripán; el proceso de paz con las Farc y las bandas criminales son algunos de los temas que Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló con EL TIEMPO. Dijo que este año la CIDH se pronunciará sobre si el Estado tiene responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, y que en marzo habrá audiencias en Medellín.
¿Qué tanto daño le hizo la aparición de falsas víctimas en el caso de Mapiripán al sistema?
Fue más el impacto mediático que el sustantivo. Es un tema sensible y delicado y entiendo la molestia de todos, de las autoridades y de nosotros mismos. Como tribunal internacional no hace verificaciones en el lugar. Si en el curso del proceso se objeta el nombre de una persona, la Corte no lo incluye. Pero si pasa sin ser objetado, se incorpora como víctima. Y fue así.
¿Pero a quién le faltó rigor?
Cuando esto salta, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. La Corte no tiene la capacidad económica ni institucional ni está en su procedimiento hacer verificaciones en el lugar y se guía por la documentación que se presenta en audiencia. La Corte pudo haber optado por ser un tribunal formalista que dice que las sentencias no se modifican, como dice la Convención, y decir, bueno, ya no es nuestro problema. Pero se hizo un examen muy juicioso y se corrigió la sentencia.
¿Hay desconfianza con las partes después de Mapiripán?
Mantenemos una relación fluida tanto con los representantes de las víctimas en otros casos como con el Estado. Yo creo que para el futuro lo sucedido llevará a que haya mucho más cuidado y rigor. A partir de lo sucedido, creo que los que presenten nombres tendrán más cuidado y el Estado también lo tendrá al revisar esa información al verificarla. No es que la Corte haya flojeado al no examinar el tema de las víctimas en terreno, lo que pasa es que no tiene esas atribuciones ni los medios para hacerlo.
¿Qué dice del proceso de paz que se lleva con las Farc?
No tengo la capacidad de decirles a los colombianos qué hacer. No hay una receta que la Corte pueda dar. Lo único que podría decir, rescatando el razonamiento de la Corte, a propósito de un caso que se resolvió el año pasado en El Salvador, es que hay ciertas consideraciones específicas para tratar responsabilidades cuando estamos hablando de un proceso de paz. La Corte ha dicho en varias ocasiones que esto tiene varios ingredientes: la verdad, que puede ser judicial o no judicial; el reconocimiento de responsabilidades, las reparaciones y la justicia en una ponderación que tiene que irse determinando con acuerdos políticos y dentro de un marco jurídico.
La fiscal de la Corte Penal Internacional señaló que evalúan cómo se enmarcan las bacrim dentro del conflicto. ¿Es posible que casos de violaciones de DD. HH. cometidas por bandas puedan llegar a la Corte?
Pueden llegar, eventualmente, pero no me quiero adelantar. Hoy no tenemos un caso de esa naturaleza. Lo que sí diría es que las organizaciones criminales afectan el estado de derecho de los países y ponen al Estado en una situación difícil. Hay amenazas específicas contra una persona o varias personas y el Estado les debe dar seguridad.
¿Qué fallos vienen sobre Colombia?
Están la Operación Génesis (masacres cometidas por ‘paras’ en 1997 en el Chocó) y el Palacio de Justicia.
¿Para cuándo estarán las sentencias?
Es muy probable que este año haya decisiones sobre estos casos. En febrero se harán audiencias por estos casos.
Llamó la atención que en el último fallo contra Colombia por el bombardeo de Santo Domingo lo fuerte de la condena se basó en indemnizaciones no pecuniarias. ¿Hay un giro?
En ese caso la Corte estimó que no correspondía fijar reparaciones adicionales a las que con criterio adecuado ya ya había dispuesto el Consejo de Estado colombiano. Me atrevería a decir que la conducta de ese tribunal ha sido ejemplar. La Corte no debería ser el espacio para definir las reparaciones, sino las autoridades nacionales que conocen más directamente la realidad. Ese caso sirvió de estímulo porque a veces se presentan molestias de los gobiernos por considerar que las reparaciones son muy altas y la mejor manera de solucionar ese problema es que el sistema de reparación nacional funcione. Cuando eso funcione la Corte no tendrá que añadir nada.
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