Por iniciativa congresional, pero con el absoluto respaldo del Gobierno, ya comenzó a delinearse una hoja de ruta para aplicar los beneficios de la justicia transicional a los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia del proceso de paz.
La intención es que desde ya se planteen los beneficios jurídicos que se les pueden dar a los uniformados que tengan algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria como causa del conflicto armado.
Trascendió que ya se han analizado fórmulas como la suspensión de la pena, condenas a pagar con medidas simbólicas o sentencias extramurales.
Estos temas están en etapa de análisis y en ninguna circunstancia se dejará espacio para la impunidad. Esto se haría revisando caso por caso.
Este será el tema central de una reunión que este jueves, desde las 5 p. m., sostendrán los jefes de los partidos de la Unidad Nacional con la cúpula militar y delegados del generalato, en el Ministerio de Defensa.
El senador Roy Barreras, copresidente de ‘la U’, aseguró: “Vamos a reafirmar la decisión de acompañar, respaldar y ofrecer la seguridad jurídica y legislativa que merecen los uniformados”, ya que “la oposición ha sembrado dudas que se deben aclarar”.
La Casa de Nariño respalda estos acercamientos entre la Unidad Nacional y la Fuerza Pública, pues es prioritario para el Ejecutivo diseñar los mecanismos que den seguridad jurídica a los uniformados. Esto lo coordina el propio presidente Juan Manuel Santos.
“Los militares no tienen por qué pagar penas de hasta 20 años cuando los guerrilleros van a tener beneficios por la paz”, precisó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.
