‘Exparamilitares están aportando a la verdad’

En momentos en que se les reclama a los jefes de las Farc que reconozcan a sus víctimas y que estén dispuestos a entregar verdad, justicia y reparación, se adelanta de manera discreta en diez ciudades del país un ejercicio de contribución a la verdad histórica por parte de unos 12.000 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que se desmovilizaron masivamente durante el gobierno pasado.
 

Se trata del cumplimiento de la Ley 1424 de 2010, que pretende resolver la situación jurídica de la mayoría de integrantes de estos grupos —a excepción de los jefes, que son procesados por la Ley 975 de Justicia y Paz—, quienes estuvieron por años en un limbo jurídico por errores en diferentes instancias del Estado. La tropa, por llamarla de alguna manera, de estos ejércitos paramilitares está firmando acuerdos de la verdad que son avalados por el Centro de Memoria Histórica (CMH) y que básicamente están encaminados a que contribuyan a la verdad a cambio de obtener la libertad en cualquier parte del proceso de reintegración.
 

Álvaro Villarraga, el encargado de la dirección de acuerdos de la verdad del CMH, explica que un equipo interdisciplinario de 110 profesionales está recogiendo testimonios de desmovilizados de las Auc en sus oficinas de Bogotá, Medellín, Caucasia, Apartadó, Turbo, Montería, Tierralta, Valledupar, Santa Marta y Bucaramanga, y que en octubre se abrirán sedes en Villavicencio, Barranquilla, Puerto Berrío y Cali.
 

El ejercicio tiene varios pasos. El primero se cumplió desde la segunda mitad del año pasado y consistía en diseñar las encuestas y cuestionarios y recopilar la información previa sobre todas las estructuras paramilitares. Según reportes del Gobierno, entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 37 estructuras, pero con complejidades y mutaciones determinamos que fueron 39. La segunda fase se viene aplicando desde mayo y es la recolección de relatos.
 

Sí, es necesario hacerlo porque de otra manera no podríamos prepararnos para recoger los relatos. Nos basamos en fuentes diversas, como la Fiscalía, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, bibliografía, informes de ONG, tesis de grado, procesos de Justicia y Paz, y a través del trabajo colectivo en las regiones.
 

En el diseño de las encuestas fuimos muy cuidadosos de trabajar la valoración, la coherencia del relato, la fiabilidad, la contrastación con otras fuentes existentes. Muchos no quieren contar porque hay confusión (se cayeron por inconstitucionales dos normas, una de indulto y otra de principio de oportunidad) y porque hay temor a represalias.
 

Primero, que el ejercicio que hacemos no tiene consecuencias penales, se guarda total confidencialidad. Esto no es una confesión, es un aporte a la verdad. Es un ejercicio distinto, con resultados distintos. Este es complementario a Justicia y Paz. No se puede comparar.
 

Para reconstruir, a través de versiones sistemáticas y por regiones, el modus operandi de los grupos, sus relaciones, cómo se conformaron y los hechos que conoce cada uno por su pertenencia al grupo.
 

Estamos listos para que nos digan que todos son “rancheros”, no somos tan ingenuos. El reto es aplicar nuestro conocimiento sobre cada estructura. Si no hay información sobre fosas, víctimas y daños causados, perderíamos la tarea. No podemos argumentar que se resistieron a contar. El Estado los está llamando a que definan su situación, les damos una garantía de libertad a cambio de que aporten al derecho a la verdad.

Pero no están obligados a contar.
 

Sí están obligados, es un requisito de ley, y si no lo cumplen no los certificamos.
 

Pues siguen sin resolver su situación jurídica. Hay que recordar que la Fiscalía está desarchivando procesos. Corren el riesgo de que los llamen a responder por algún delito. Muchos que están presos le están apostando a reconocer delitos menores y obtener sentencia anticipada, pero si no acuden a nosotros, después los pueden vincular a una investigación y podrían ir a la cárcel.
 

Sí. La discusión es que eso podría ser injusto, que es impunidad. Esas son las reglas de juego, pero si engañan a la justicia pueden ir a la justicia ordinaria.
 

Hasta ahora hay 600 relatos que ya recorrieron toda la ruta. En etapa de sensibilización hay más de 3.000.
 

Ante la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la encargada de contactarlos, se inscribieron 24.640 a finales de 2011 que supuestamente cumplían con los requisitos de no estar comprometidos con crímenes graves, no haber reincidido, estar vinculados al proceso de reintegración y firmar el acuerdo haciéndose presentes con la cédula ante nosotros. Pero descubrimos que no todos debían estar ahí.
 

Unos eran guerrilleros, otros estaban comprometidos con delitos graves, otros habían reincidido y otros no eran miembros de las Auc. Tal vez eran familiares u otro tipo de apoyos, pero no miembros efectivos.
 

Reunidos en una mesa de Fiscalía, ACR, CMH, podrían ser unos 12.000, pero la cifra cierta no la tenemos.
 

Sí, hasta donde vamos es exitoso. Porque existe la posibilidad de hacer hallazgos, hay revelaciones efectivas, hay sinceridad, fluidez y coherencia en los relatos. Ya viene la tercera etapa, que es la valoración de la contribución y su certificación. En el último trimestre de este año empezaremos a entregar informes.
 

No tenemos límite, pero hemos asumido un plan para un tiempo que estimamos razonable de tres años en total.
 

Álvaro Villarraga explicó que durante la negociación con los jefes paramilitares, tanto los ministros del Interior y de Defensa como el alto comisionado para la Paz de la época y los voceros nacionales de las Auc reconocieron que los integrantes de estas estructuras eran entre 12.000 y 15.000.
 

“Pero en declaraciones posteriores el Gobierno reconoció que fueron admitidas en la desmovilización personas que no pertenecían a las Auc, bajo el argumento de que eran tenderos, conocidos que comerciaron con ellos, familiares o personas que se podían ver afectadas. También hubo denuncias contenidas en informes de organizaciones de derechos humanos sobre reclutamientos hechos para efectos de la desmovilización, unos meses o días antes. Otros informes dan cuenta de que hubo un forcejeo entre jefes narcos y ‘paras’ por mostrar poder, y se compraron franquicias de bloques, lo cual hizo crecer la cifra hasta los 32.000 desmovilizados”.