El Director de la Policía cuenta con menos de un mes para convocar a una rueda de prensa y rectificar una ‘exclusiva’ de hace 16 años revelada por el desaparecido noticiero de televisión QAP: la supuesta vinculación de dos reconocidos empresarios a un cartel de narcos de Buenaventura.
La orden la dio el Consejo de Estado en una inédita sentencia que condena a la Nación a una millonaria indemnización y a la rectificación, que tendrá que hacerse por los canales institucionales de televisión.
El hecho ocurrió el 23 de octubre de 1996, cuando QAP (en su momento uno de los de mayor sintonía) abrió su emisión con la incautación de 11 toneladas de cocaína en la embarcación Celso, de bandera panameña, frente a playas de Esmeraldas (Ecuador).
La operación contó con el apoyo de las autoridades colombianas y la DEA y permitió la captura de cinco colombianos.
En el fallo, los magistrados reconstruyeron la presentación de la noticia. Señalan que luego de una breve exposición de los presentadores una periodista entrevistó al entonces subdirector de la Policía, general Luis Enrique Montenegro; al comandante de Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, y al jefe de la DEA en el país, Larry Lions.
Segundos después, en la pantalla aparecieron los nombres y apellidos de los supuestos responsables del embarque, entre ellos los dos empresarios. La información aseguraba que todos trabajaban a órdenes del capo Víctor Patiño Fómeque.
El Consejo de Estado reconstruyó todos los problemas financieros y económicos derivados de la información, que al final terminó siendo desvirtuada por la investigación de la Fiscalía.
«La información de los organismos de inteligencia de la Policía Nacional fue liberada, manipulada y entregada indebidamente, contraviniendo por completo los postulados de la reserva de las informaciones que tiene bajo su custodia y estudio», señalaron los magistrados. Y agregan que «filtrar datos inexactos viola la libertad de prensa».
La sentencia también deja en claro que no existe «reparo alguno» sobre la forma como el noticiero QAP obtuvo la noticia ni como la difundió.
En el proceso se encontró que los organismos de inteligencia de la Policía apenas estaban recaudando información y aún no habían verificado la veracidad de los datos ni la plena identidad de los supuestos responsables del cargamento ilegal.
Con reservas, Procurador puede conocer actas sobre demanda de Nicaragua
La Sala de Consulta del Consejo de Estado le dijo al Gobierno que puede entregarle a la Procuraduría copia de las actas de las sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en las que se discutió la demanda de Nicaragua sobre aguas territoriales en el Caribe.
Esa fue la respuesta, que no obliga, a una consulta de la Cancillería sobre la petición que hizo el Ministerio Público, que a la vez indaga eventuales responsabilida- des en la estrategia de defensa que terminó con el fallo adverso en La Haya.
La Sala advierte que el Procurador puede tener acceso a las actas, pero que está obligado a guardar la reserva sobre esos documentos. «Mientras (la reserva) no sea levantada por el Presidente de la República y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el Procurador no las podrá revelar», dice el concepto.
El artículo 4 de la Ley 68 de 1993, que fue tenido en cuenta por los magistrados, señala que la Comisión Asesora y el Presidente de la República pueden decidir el levantamiento de la reserva.
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