Y para alcanzar este cometido, Montealegre firmó una directriz que compartió con los magistrados de las Altas Cortes, instrucción que le permitirá conocer sobre estos hechos y verificar que los delitos que tengan el perfil de ‘ejecuciones extrajudiciales’ sean procesados por la justicia ordinaria.
«Hemos cerrado la puerta, puesto un candado con llave en la Fiscalía para evitar que los ‘falsos positivos’ pasen a la Justicia Penal Militar», dijo.
Esta medida fue celebrada por el exfiscal Guillermo Mendoza Diago ya que va en dirección de clarificar estas violaciones a los derechos humanos —catalogados como crímenes de guerra— que no deben estar en la Justicia Penal Militar.
Esperan que sí funcione
La directriz propuesta por Montelaegre fue vista con cierto grado de prevención en algunas esferas de la sociedad colombiana. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, es uno de los que cuestiona esta directiva y espera que en efecto sí ayude a esclarecer hechos en los que la población civil ha sido afectada por las Fuerzas del Estado.
«Amanecerá y veremos y habrá que ver efectivamente cómo lo ordenó y cómo se va a ejecutar. Hay muchas decisiones que toma la Fiscalía que pueden ser buenas en abstracto pero, en concreto, no sé», dijo Gallón a Colprensa.
Para el defensor Jorge Molano, las buenas intenciones que trae el planteamiento del Fiscal podrían estar en riesgo si las políticas adoptadas por el Gobierno no se dirigen en el mismo sentido.
Nuevas denuncias
Dos hechos relacionados con «falsos positivos» se presentaron ayer en el país. El primero fue la denuncia del padre Javier Giraldo, director del banco de datos de derechos humanos del Cinep,que apunta que en 2012 hubo 10 falsos positivos perpetradas por el Ejército y uno por la Policía; así como ocho detenciones arbitrarias.
Los hechos sucedieron en Cauca (6 casos), Antioquia (4 casos), Valle del Cauca (3 casos), y, con un caso: Meta, Bogotá, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba y Sucre.
El segundo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación por el caso de hace 23 años en Santa Cruz de Guachavés, donde soldados perseguían al frente 29 de las Farc y en el acto, murieron la misionera suiza Hildegard María Feldman y un campesino de la región.
En este caso la Corte Suprema determinó que la investigación de la Justicia Penal Militar fue dirigida para garantizar la impunidad.
Desde el 2008 al 5 de mayo de 2013, la Judicatura trasladó 745 procesos de 871 a la justicia ordinaria para ser procesados, el resto quedó en manos de la Justicia Penal Militar.
