Después de 23 años de silencio e impunidad en el caso de la masacre de Pueblo Bello (Antioquia) –por la que fue condenado el Estado colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- , la Fiscalía General de la Nación entregará los restos mortales de siete de los 43 campesinos que fueron desaparecidos el 14 de enero de 1990 por un comando paramilitar al mando de Fidel Castaño.
Testimonios de los sobrevivientes indicaron que en horas de la noche, un grupo paramilitar conocido en esa época como “Los Tangueros”, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello obligaron a sus habitantes a reunirse en la plaza principal. Luego los hicieron acostarse bocabajo en una larga hilera y seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos tres menores de edad, a quienes amordazaron y desaparecieron.
Las versiones que se conocen sobre lo ocurrido, afirman que las personas fueron llevadas a la finca Santa Mónica, de propiedad de los Castaño Gil. Allí los esperaba el temible Fidel Castaño, quien los interrogó y torturó. La Sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, con la cual se condenó al Estado, refiere que “En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello “cambiaron gente por ganado”. El teniente se refería a un ganado que le había sido robado a Fidel Castaño por la guerrilla en diciembre de 1989. Los testimonios señalan que Castaño había dicho que por cada cabeza de ganado robado se llevaría una persona.
Otros testimonios afirman que los paramilitares antes de incendiaron tres viviendas y dijeron: «esto es para que respeten a ‘Los Tangueros’”, nombre con el cual se conocía al grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño, ya que su base de operaciones era la finca «Las Tangas», situada a orillas del Río Sinú en el departamento de Córdoba.
Meses después de la incursión paramilitar un grupo de retroescavadoras entraron a la finca «Las Tangas» y removieron tierra y cuerpos. Los restos fueron llevados al Hospital de San Pedro de Urabá donde fueron llamados los de los desaparecidos. Hoy, 23 años después de lo ocurrido, se entregarán seis de los siete restos identificados. Sin embargo, familiares de los restantes 36 desaparecidos siguen esperando algún razón de sus seres queridos.
