Las reformas constitucionales en materia de justicia transicional (Marco Jurídico para la Paz) y del sistema de justicia penal militar que fueron aprobadas por el Congreso colombiano el año pasado podrían revertir de manera dramática los avances en Derechos Humanos que el país había logrado en años recientes.
La anterior crítica es uno de los puntos centrales en el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo que fue publicado este jueves por la organización Human Rights Watch.
En su capítulo correspondiente a Colombia, la organización sostiene que ambas reformas podrían conducir a que crímenes aberrantes cometidos por guerrillas, paramilitares y militares permanezcan en total impunidad.
En el reporte la organización estadounidense destaca el inicio de las negociaciones de paz con las Farc y las describe como «la primera oportunidad en más de una década para poner fin a casi 50 años de conflicto armado».
Aunque cita avances en algunas áreas, para HRW la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos continuó siendo la norma durante el año pasado.
La organización también hace un balance sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que comenzó a implementarse el año pasado y dice que ha avanzado con lentitud y en algunos casos bajo la amenaza constante de los grupos sucesores de los paramilitares.
Según HRW, si bien el Gobierno ha logrado avances notables en la captura de líderes de estas organizaciones, estos grupos aún mantienen una fuerte presencia en diferentes regiones de Colombia donde la fuerza pública les ha colaborado o los ha tolerado.
«La Defensoría del Pueblo indicó que en 2011 recibió 1.500 denuncias de posibles violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por grupos sucesores de los paramilitares, lo cual representa más de la mitad del total de violaciones denunciadas atribuidas a actores armados identificados durante ese año», sostiene el reporte.
De acuerdo con HRW, tanto las Farc como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) continuaron cometiendo graves abusos contra civiles a lo largo del año. Entre ellos asesinatos, amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonales.
Al referirse al fenómeno de la ‘parapolítica’, el informe dice que las investigaciones contra funcionarios locales, militares de alto rango y empresarios que fueron denunciados por los paramilitares no ha producido mayores resultados.
Y menciona como una excepción notable a esa regla la pena de 25 años de prisión dictada el 23 de agosto de 2012 contra del ex general del Ejército Rito Alejo del Río «por un homicidio cometido en 1997 durante un operativo llevado a cabo conjuntamente por fuerzas militares y paramilitares en el departamento de Chocó».
El reporte también subraya que varios ex paramilitares afirmaron que el ex Presidente Álvaro Uribe mantuvo lazos con grupos paramilitares pero que este continuó negado las acusaciones, al igual que el caso de su ex jefe de seguridad, Mauricio Santoyo, que se declaró culpable de haber colaborado con paramilitares en el marco de un proceso en la justicia federal de Estados Unidos.
Al referirse a los llamados falsos positivos, la ONG sostiene que si bien estos se redujeron drásticamente a partir del 2009, en años recientes se han presentado nuevas denuncias.
De acuerdo con el reporte, hasta agosto de 2012 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía abiertos 1.727 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado en todo el país, que afectaban a casi 3.000 víctimas.
«Las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales siguen avanzando; sin embargo, la gran mayoría de los casos no han sido resueltos. En agosto de 2012, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación había obtenido condenas en menos del 10 por ciento de los 1.727 casos investigados», afirma el informe.
De acuerdo con el reporte, los avances logrados en gran parte se deben a que la mayoría de los casos están siendo investigados por la justicia ordinaria.
Acto seguido, HRW critica la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para modificar el llamado ‘fuero militar’ pues, a su juicio, «se genera un riesgo significativo de que se investigue y juzgue en el sistema de justicia penal militar las atrocidades cometidas por militares, incluidos asesinatos y violaciones sexuales».
Para HRW, la reforma también podría facilitar que las casos de hechos pasados vinculados con ‘falsos positivos’ se remitan a la justicia penal militar, «lo cual prácticamente garantizaría su impunidad».
