“La investigación caso por caso, antes que garantizar justicia, genera una situación de impunidad de facto, no permite satisfacer los derechos de las víctimas y sobrecarga el sistema de administración de justicia”.
Con argumentos como este, el Gobierno defendió ante la Corte Constitucional el marco jurídico para la paz como la mejor estrategia para lograr “la transición del conflicto armado a la paz”.
En 39 páginas, los ministerios del Interior, de Justicia, el alto Comisionado para la Paz, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y cuatro entidades más del Estado le pidieron a la Corte la exequibilidad del marco jurídico, que fue demandado por la Comisión Colombiana de Juristas. Recientemente, la Procuraduría radicó su concepto, en el que pidió hundir el acto legislativa porque, considera, generaría impunidad en una eventual firma del proceso de paz con las Farc.
A lo largo del documento el Gobierno rebatió esa tesis y explicó las ventajas de la justicia transicional que, dice, busca concentrar esfuerzos en investigar a los “máximos responsables” de los crímenes “más graves” y en develar los patrones de macrocriminalidad.
Insistió en la necesidad de aplicar un modelo diferente al que inicialmente se siguió en Justicia y Paz, pues asegura que investigar hecho a hecho le significaría al Estado al menos 100 años y quedarse en “perseguir a responsables de nivel intermedio”.
La estrategia sería entonces establecer criterios de selección de crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra cometidos de manera sistemática. Esos criterios, se lee en el concepto, serán la gravedad y la representatividad. Y agrega que delitos como secuestro, reclutamiento, violencia sexual, desplazamiento, uso de minas y homicidios “son cometidos en el país en un esquema de sistematicidad, por lo que tendrán que ser seleccionados para ser procesados”.
La diferencia será que no serán investigados individualmente sino en el contexto de la “macrocriminalidad”, es decir, como hechos cometidos como estrategia de guerra.
El Gobierno también expuso su teoría de que además de buscar la verdad con el sistema penal, el marco plantea mecanismos extrajudiciales como la creación de una comisión de la verdad para “satisfacer eficientemente” el derecho de las víctimas. “La verdad judicial tiene enormes límites que solo mecanismos extrajudiciales pueden superar”, dijo el Gobierno, que además esbozó que el marco no busca sustituir la Constitución, como algunos sectores han dicho.
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