De los tres años y medio que le restan al segundo mandato del presidente Santos, este 2015 es sin duda uno de los más importantes para determinar el éxito o fracaso de la gestión.
Es evidente que el segundo semestre del año pasado estuvo dedicado más a la definición de los nuevos énfasis de gobierno, la recomposición del mapa político resultante de las elecciones y la definición de los equipos con que se va a trabajar, lo que se tradujo preferencialmente en el reajuste ministerial y la definición de una nueva estrategia de comunicación, flanco débil en el primer mandato.
En ese orden de ideas, tras ese periodo de ajuste sobre la marcha y de transición, el 2015 asoma como el año en que el Gobierno debe empezar a mostrar y comunicar efectivamente lo que está haciendo.
No se puede desconocer que si bien los niveles de popularidad y favorabilidad de la gestión del presidente Santos se mantienen por encima del 40 o 50 por ciento, dependiendo del tipo de encuesta, sí se ha notado que la ciudadanía exige que haya más dinamismo en la gestión. Y ello, según los analistas, no porque el Gobierno se haya paralizado en el segundo semestre de 2014, sino porque pasado el hervor electoral, calmados los ánimos derivados del nuevo mapa político y dejada atrás la distracción nacional que significó el Mundial de fútbol, la ciudadanía quiere sentir en su propio bolsillo y entorno que le toca algo del clima de progreso económico y social que proclama el Ejecutivo en el país.
“… La gente ve en las noticias que la economía va bien, que la guerra sigue pero con menos intensidad, que están dando casas gratis, también becas, que el desempleo baja, que la inflación baja, que hay más regalías, que hay más puentes y vías… Y viendo todo eso, lo que cada persona se pregunta es qué le toca de todo ese hálito de progreso… Ese es el gran reto del Gobierno”, precisó un alto funcionario del Ejecutivo, que pidió la reserva de su identidad.
¡Que se vea!
Así las cosas, el gran reto este año para el Ejecutivo es pasar de las promesas en la campaña reeleccionista y los ajustes y planificación en el arranque del segundo mandato, a los hechos.
Por ejemplo, si bien el programa de las 100 mil casas gratis va viento en popa, mucha gente ya, como se dice popularmente, da por “chuleado” el tema, y lo que está esperando es que arranque la segunda fase del mismo. Es decir, que se empiece a entregar el segundo paquete de viviendas a los más pobres y se multipliquen los demás planes para incentivar o subsidiar la construcción y adquisición de unidades residenciales para estratos dos, tres y cuatro.
Igual ocurre con los proyectos de infraestructura, sobre todo vial. Tras año y medio de estudios y definición de los 10 proyectos de la primera fase de las autopistas de Cuarta Generación, se espera que ya este año se empiece a ver la construcción de esas obras que –sumando la segunda y tercera olas- apuntan a cambiar en buena parte la red de transporte de carga y pasajeros a gran escala en el país.
En servicios de alto impacto público como la educación, la salud o la justicia, también hay urgencia de que los presupuestos adicionales que se aprobaron para este 2015 empiecen a ser palpados por la ciudadanía de manera concreta y cercana. Los esfuerzos normativos y en dinero para esos tres sectores son muy profundos y cuantiosos, y es necesario que la gente perciba sus resultados en el día a día.
Igual ocurre con muchos de los proyectos regionales y locales que son financiados con recursos de las regalías. Tras la reforma al sistema de distribución y todo el largo trámite para la aprobación de las obras a adelantar, muchos municipios y regiones esperan que en este 2015 empiecen a funcionar o entren en servicio todos esos proyectos.
Lo que viene
Y así como es necesario que muchos de los proyectos y programas bandera que se lanzaron o reforzaron en los últimos meses empiecen este año a mostrar resultados, también es urgente que otros objetivos de más largo plazo muestren avances.
En primer lugar, está el proceso de paz con las guerrillas, que este año debe cerrar la etapa de la negociación, sobre todo con las Farc (ver página 2A).
A ello hay que sumar que otros proyectos bandera como el de restitución de tierras a desplazados y despojados o el de reparación a víctimas de la violencia, que deben acelerar su ritmo, al igual que los programas de superación de la pobreza extrema o el apoyo a determinados sectores como las madres comunitarias, el adulto mayor y otros nichos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
Y qué decir de la exigencia de hacer frente de manera adecuada y ordenada a emergencias ya advertidas como las del fenómeno climático de El Niño o la del virus del chikunguña.
En el campo externo, además de la diplomacia por la paz, están retos de la importancia de los pleitos con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, en donde no se puede permitir un nuevo revés.
Y, por último pero no menos importante, el Gobierno deberá cuidarse de que el impacto de la reforma tributaria, la crisis en los precios del petróleo o una quiebra venezolana, que asoman como los principales nubarrones en el año económico, no le terminen afectando todo el programa de inversión social y, tampoco, generando focos de tensión gremial, social y sindical, sobre todo en un año electoral y con una oposición uribista disparándole todos los días para ver cómo capitaliza esas críticas en el mapa político que resulte de las urnas en octubre.
