Human Rights Watch (HRW) presentó hoy un crudo informe en el que detalla la crisis de violencia por la que atraviesa la ciudad de Buenaventura y responsabiliza al gobierno por la falta de medidas para frenarla.
El informe, de 40 páginas, es el resultado de una visita que realizó la ONG en noviembre del año pasado al país y durante la cual entrevistaron a más de 70 personas, entre víctimas, familiares de estas residentes de múltiples barrios del casco urbano de Buenaventura, así como a líderes comunitarios, autoridades judiciales, altos funcionarios policiales, representantes de la Iglesia y representantes de ONG locales.
El reporte anota que barrios enteros de la ciudad están dominados por poderosos grupos criminales, sucesores de los grupos paramilitares -conocidos como los Urabeños y la Empresa- «que restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses».
De acuerdo con el reporte, los grupos serían responsables de cientos de desapariciones. «Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios», se afirma en el reporte.
Según HRW, las autoridades no están protegido a la población y documentan denuncias de baja presencia policial en los barrios en cuestión y mucha desconfianza frente a las autoridades.
«Más preocupante aún, varios residentes señalaron haber visto a policías reuniéndose con grupos sucesores en sus barrios. En general, existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y una sensación generalizada de indefensión ante los abusos que cometen constantemente esos grupos», dice HRW.
En el reporte, la ONG sostiene que las mismas autoridades documentan al menos 150 casos de desapariciones. Pero luego argumenta, con testimonios de afectados, que las desapariciones serían mucho más altas pero no son reportadas por temor a represalias.
“Por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir. La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”, dice uno de los residentes citados en el reporte.
HRW habla, también, del desplazamiento de unas 13.000 personas durante el año 2013. Cifra muy superior a la registrada en años pasados cuando no superaba los 10.000. Y afirma, a su vez, que las autoridades tampoco brindan la asistencia adecuada a esas personas.
De acuerdo con la ONG, la Policía habría arrestado a cerca de 250 miembros de estas bandas desde enero de 2012. Aún así, la impunidad continúa seguía siendo la norma.
«La Fiscalía General de la Nación ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado perpetrados en Buenaventura por diversos actores en las dos últimas décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena. En 512 de estas investigaciones, la Fiscalía aportó información a Human Rights Watch sobre si se habían imputado a presuntos responsables de estos delitos. Salvo en tres casos, no hubo imputados», anota la ONG.
Según HRW el pasado 6 de marzo, luego de que un comandante regional de la Policía anunciara el descubrimiento de varios “sitios de pique” en Buenaventura, el presidente Juan Manuel Santos anunció que implementaría una intervención especial para dar respuesta a los problemas de seguridad de la ciudad.
Además de una mayor presencia de la fuerza pública en Buenaventura, se prometieron medidas para mejorar las condiciones socioeconómicas en la zona.
Pero, según HRW, «numerosos residentes de Buenaventura han perdido completamente su confianza en la capacidad del gobierno de protegerlos».
En informe incluye una serie de recomendaciones para a las distintas autoridades con responsabilidad sobre la ciudad.
Al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos:
• Asegurar que la Policía Nacional implemente una estrategia efectiva en Buenaventura para proteger a residentes locales de grupos sucesores de paramilitares, entre otras cosas, manteniendo presencia policial ininterrumpida en los barrios donde aquellos despliegan mayor actividad.
• Crear una comisión independiente, integrada por altos funcionarios nacionales de los principales ministerios gubernamentales y la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación —así como representantes de la sociedad civil— para evaluar el problema de las desapariciones en Buenaventura y diseñar un plan que permita detener los abusos y sancionar a los responsables.
• Asegurar que la población desplazada en Buenaventura reciba en forma inmediata la asistencia humanitaria que por derecho le corresponde, incluso
cuando las autoridades locales no procesen oportunamente sus solicitudes de asistencia.
Al Fiscal General de la Nación
• Conformar un equipo de fiscales e investigadores judiciales que se ocupen exclusivamente de investigar casos actuales y pasados de desapariciones en Buenaventura.
El equipo debería asegurar que las víctimas cuenten con un lugar seguro en Buenaventura donde puedan presentar denuncias penales sin ser vistas o identificadas por otros residentes o funcionarios locales.
• Investigar y juzgar con firmeza a los agentes del Estado contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado a grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura o colaborado con ellos.
A las oficinas del Ministerio Público
• Asegurar que las oficinas del Ministerio Público tomen oportunamente las declaraciones de las víctimas sobre su desplazamiento forzado, a fin de que estas puedan recibir inmediatamente la ayuda humanitaria que por derecho les corresponde.
Al alcalde de Buenaventura
• Brindar ayuda humanitaria, incluida asistencia alimentaria, a personas desplazadas tan pronto como declaren oficialmente su desplazamiento, conforme lo exige la ley.
• Establecer un albergue en la ciudad de Buenaventura para las personas desplazadas que lo necesiten. Este centro debería garantizar la seguridad de las personas desplazadas y brindarles condiciones habitacionales dignas.
www.eltiempo.com/justicia/violencia-en-buenaventura-informe-de-human-rights-watch-hrw_13692396-4
