La manifestación fue presentada por la diputada de la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez Melo al indicar que el Gobierno de Colombia mediante sus organismos encargados ha puesto obstáculos a los observadores internacionales para verificar el estado de los derechos humanos en las cárceles colombianas.
Ante esto precisaron que les fue negada la solicitud para ingresar a la cárcel La Picota en Bogotá hecho que calificaron como lamentable puesto que en este tipo de casos «es mejor no ocultar la situación sino enfrentarla y buscar soluciones».
La Comisión manifestó que según la información recolectada se permite inferir que existe una grave situación sanitaria en dichos centros carcelarios y de reclusión debido a las fallas en la administración privada para suministrar de manera correcta agua potable.
«De manera especial nos inquietan las condiciones inhumanas de reclusión de casi 6 mil personas en la cárcel de Picaleña en Ibagué, hacinados sin adecuado suministro de agua ni medicamentos», precisó.
