Veamos. El doctor Jorge Luis Quiroz Alemán es hoy auxiliar del presidente de la Corte, Luis Gabriel Miranda, y es cuota de esa camarilla de togados del llamado “Partido de los Jueces”, del que forman parte los polémicos Francisco Javier Ricaurte, Pedro Munar, Ruth Marina Díaz, José Leonidas Bustos, entre otros, quienes han demostrado que manejan a su antojo el Poder Judicial. El doctor John Jaime Posada Orrego es ficha del procurador Alejandro Ordóñez, a quien sirve como su subalterno en la Procuraduría de Antioquia, y, por supuesto, su gran soporte en la elección que se avecina en el Senado habrá de ser el jefe del Ministerio Público. Finalmente, la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado es una cercana asesora del despacho del fiscal general, Eduardo Montealegre, y llega con una cómoda ventaja, pues no solamente está asistida de la fuerza electoral que aportará su jefe en el Congreso, sino que, valga decirlo, es la única que algún recorrido tiene en el derecho constitucional como auxiliar que fuera de la Corte a la que aspira regresar como magistrada titular.
Así, pues, los tres candidatos que se disputarán el honor de acceder a la Corte Constitucional no llegan tanto por sus méritos y reconocimiento nacional, sino por obra de sus buenos jefes de campaña. Y eso está muy mal. La escogencia de una plaza en la Corte Constitucional se ha convertido en una reyerta entre poderosos hombres de Estado que aspiran a influir todavía más en una Corte Constitucional que por estos tiempos deshonra el inmenso prestigio nacional e internacional que había logrado con sus decisiones sensatas, democráticas, independientes y libertarias.
Tampoco está bien, claro, que altos dignatarios que deberían estar ocupándose de los asuntos de sus despachos interfieran la tarea de otras autoridades y se conviertan en protagonistas de la milimetría judicial en la que se ha transformado el nombramiento de cada magistrado en las diferentes cortes.
Sorprende que mientras en la fallida reforma a la justicia, entonces apoyada por todas las cortes, se había previsto que los nombramientos de futuros magistrados se harían entre personas provenientes del Poder Judicial, de la academia y del litigio, en la práctica esa sana intención venga siendo ignorada, como lo ha sido ahora con esta nueva terna, en la que todos representan a los servidores de la justicia. Si hubiera sensatez, y no la soberbia con la que han procedido, la Corte Suprema no sólo no habría integrado la nueva terna al vaivén de las insinuaciones de su presidente, del fiscal y del procurador, sino además habría escogido juristas sin padrinos y procedentes de la academia o del litigio.
Con esta nueva terna de apadrinados, la justicia ha demostrado que pasa por su peor hora de la historia, y lo peor es que no se ve que haya con quién enmendar este desastre.
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