Así lo dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien pidió que se apliquen de inmediato los correctivos.
El hacinamiento en las URI de Bogotá por el paro en la justicia tocó fondo hace rato. Este lunes se conoció la fuga de 25 personas. La misma estuvo precedida de motines y la situación obligó a que fueran trasladadas 301 personas hacia las cárceles de Meta.
El Inpec confirmó el traslado y señaló que los internos recibidos provenían de las URI de Paloquemao, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Usaquén, como de algunas estaciones de Policía y municipios de Cundinamarca, para lograr garantías para los procesados.
Los condenados fueron trasladados a los establecimientos de Villavicencio y la penitenciaría y la colonia agrícola de Acacías (Meta).
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo llamó la atención ya que asegura que persiste “alto riesgo” para que se presenten desmanes y que el Gobierno no ha implementado medidas de “choque para conjurar la crisis”.
En la evaluación se señala que a pesar del anuncio del Gobierno para garantizar el acceso de jueces y fiscales a sus despachos a partir del 13 de enero, “la problemática en los centros de detención transitoria podría ocasionar una tragedia en cualquier momento”.
La preocupación por este tema en la Defensoría no es de ahora. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que la fuga es un síntoma que debe preocupar e instó a que se apliquen “correctivos inmediatos”.
Tras una evaluación que hiciera la Defensoría el 22 de diciembre del 2014, la conclusión es que podría presentarse una tragedia ante el hacinamiento y las constantes violaciones a los derechos humanos por cuenta del sobrecupo.
