“Aunque cada persona debe velar por su propia subsistencia, en virtud de los principios constitucionales de equidad y de solidaridad, los miembros de la familia tienen el deber de procurar la subsistencia de aquellos integrantes que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos”.
Eso dice una reciente sentencia de la Corte Constitucional que reitera que la obligación de dar cuotas alimentarias también aplica cuando se trata de los hijos hacia los padres.
El pronunciamiento del alto tribunal se da tras estudiar el caso de una mujer de 70 años que, mediante conciliación, acordó que sus hijas le entregarían 50.000 pesos por concepto de manutención mensual. Como no le cumplieron, se vio obligada a interponer una tutela.
La Corte, al revisar el caso, señaló que “la subsistencia de un adulto mayor está comprometida en razón de su estado de indefensión, dado que su capacidad laboral se encuentra agotada”. En este caso, la anciana padece de una distrofia corneal que le genera una considerable disminución visual y que no le permite trabajar.
“El ordenamiento jurídico colombiano ha establecido la protección de derechos fundamentales de los adultos mayores en materia de alimentos, y así lo determina el artículo 411 del Código Civil que los establece como titulares de derecho de alimentos”, se lee en la sentencia, que ordena que las hijas paguen las cuotas y les recuerda que es un deber legal y moral que tienen con su madre.
Además ordena a la Alcaldía de Bogotá que incluya a la mujer como beneficiaria de los programas de subsidio para adultos y le pide a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de este fallo.
“La sala considera pertinente resaltar que la obligación alimentaria tiene fundamento en la propia Carta Política, pues se vincula con la protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica de la sociedad”, dice la sentencia.
La decisión de la Corte se da en momentos en que en el Congreso cursa un proyecto de ley que busca disminuir el abandono y el maltrato de las personas de la tercera edad a manos de sus familiares.
Según la iniciativa del representante Rodrigo Lara (Cambio Radical), los herederos de una persona de la tercera edad podrían perder el derecho si se les comprueba que los han maltratado o abandonado.
En Bogotá, el 59 por ciento de la población adulta es víctima de maltrato. En el 60 por ciento de los casos, los responsables son miembros de la propia familia, según el director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, Carlos Cano.
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