Histórico primer acuerdo de Gobierno y Farc en proceso de paz

Por primera vez en 50 años de conflicto armado, el domingo por fin se dio un acuerdo concreto entre el Gobierno y las Farc encaminado a ponerle punto final a la confrontación. Las dos partes –al término del noveno ciclo de diálogos en La Habana– lograron firmar un documento titulado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral’.
 

En él quedaron consignados los acuerdos que lograron las partes, que llevan más de 6 meses discutiendo el tema agrario (primero de la agenda de negociación), pero cuyo contenido específico no fue revelado en la declaración conjunta que realizaron desde La Habana. (Lea también:Gobierno y Farc dan señales de esperanza del proceso de paz).
 

No obstante, este es un paso histórico en la búsqueda de la paz en el país, porque en por lo menos cinco intentos anteriores de buscar coincidencias con las Farc para lograr el fin del conflicto nunca se llegó a un acuerdo concreto.
 

“Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria, con equidad y democracia”, aseguraron las partes en el pronunciamiento. (Lea también: Reacciones en Colombia al acuerdo en tema agrario).
 

Este paso, con la finalización de la discusión del punto relacionado con los temas agrarios, también se convierte en algo trascendental, porque la principal bandera de las Farc ha sido la reivindicación de los campesinos y, al alcanzar coincidencias con el Gobierno, se acerca una posibilidad real de paz.
 

El acuerdo en lo agrario, agrega el comunicado conjunto, “está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo de la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”. (Lea también: Gobiernos del mundo reaccionaron tras anuncio en La Habana).
 

El Gobierno y las Farc dieron un paso importante al plasmar la necesidad de reconocer a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, quienes, según el documento firmado, podrán gozar efectivamente de la restitución de sus tierras.
 

“Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común”, dice el comunicado. (Lea también: No hay razón para suspicacias / Análisis).
 

A esto se le debe sumar que las dos partes coincidieron en que se debe respetar el derecho que tienen sobre la propiedad privada quienes se han hecho legalmente con los terrenos en el campo.
 

Otro paso importante es la conformación del Fondo de Tierras para la Paz, que será la base para garantizar a los campesinos el “acceso” a territorios rurales.
 

“El acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, dijeron las partes. Insistieron en la “actualización de la información rural” para garantizar la “seguridad jurídica” de quienes se beneficien del proceso.

Aunque aún faltan otros cinco puntos por negociar, entre ellos el de participación política, sustitución de cultivos ilícitos y los mecanismos de refrendación de los acuerdos, el optimismo en el proceso parece renacer.
 

De hecho, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el acuerdo en el tema agrario es “un paso fundamental”, por lo que “continuaremos con prudencia y responsabilidad”.
 

Cabe recordar que la premisa de estos diálogos –que se reanudarán el 11 de junio con la discusión de la participación en política– es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, por lo que el camino que falta aún es largo, pero ya está tomando forma.

Por su parte, la Unión Europea (UE) celebró este lunes el acuerdo de desarrollo agrario alcanzado entre el gobierno colombiano y las Farc, a la espera de que «impulse las negociaciones de paz» que mantienen en La Habana.
 

«La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores (Catherine Ashton) celebra calurosamente el anuncio de un acuerdo sobre el problema agrario entre el gobierno colombiano y las FARC», indicó en un comunicado.
 

Ashton espera que este acuerdo de «un nuevo impulso para una rápida conclusión de un acuerdo de paz definitivo» en Colombia.
 

De nuevo se vieron todos
 

Por vez primera desde que se sentaron juntos en Oslo, las delegaciones del Gobierno y las Farc comparecieron ayer juntas en Cuba para anunciar el primer acuerdo sobre el tema agrario. Los nervios por cumplir el horario de la convocatoria y los rostros, muy solemnes y serios, de los participantes ocultaban la satisfacción por lo avanzado, que sí se manifestaba en los pasillos. La dinámica pública de la jornada fue milimétrica. La larga mesa con 14 sillas frontales, más otras tantas en la segunda fila, fue ocupada primero por los representantes de los países garantes, Carlos Fernández de Cossio, por Cuba, y Dan Nylander, por Noruega, quienes dieron lectura a partes iguales y en español al comunicado conjunto. En los respectivos extremos, el chileno Milenko Skoknic y el venezolano Roy Chaderton, por los países acompañantes. Los primeros en entrar en la sala tres del Palacio de Convenciones, sede de los diálogos, fueron los delegados del Gobierno, seguidos casi de inmediato por los de las Farc. El acto formal fue moderado por una conocida presentadora de la televisión cubana. Tras la lectura conjunta, todos salieron de la sala. En menos de una hora se comunicó al mundo el histórico primer paso para la paz de esta fase de discusiones reservadas.
 

Si bien el acuerdo logrado por el Gobierno y las Farc tiene trabajo en el total de los subpuntos del tema sobre tierras y desarrollo rural, las Farc se encargaron de hacer claridad en que tiene “salvedades”.
 

Concretamente, el jefe de la delegación de la guerrilla en Cuba, ‘Iván Márquez’, dijo: “Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final”.
 

Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno, no habló sobre las salvedades pero sí afirmó que si no todos los aspectos de un punto se resuelven, estos pueden ser retomados más adelante en la negociación.
 

El tratamiento de los grandes latifundios, la cantidad de zonas de reserva campesina y los controles de la explotación minera y la inversión extranjera han sido temas de duro debate entre el Gobierno y las Farc.
 

El domingo, esta guerrilla dejó ver que siguen siendo aspectos en los que falta más discusión.
 

El Gobierno ha sido claro –y ayer lo reiteró– en que la propiedad privada legal no se tocará para la reforma agraria, independientemente del tamaño que tenga.
 

Las Farc han insistido en que los cambios que se hagan a partir del proceso de paz también deben afectar al gran propietario.

El fondo de tierras, al que irán las hectáreas para la distribución y redistribución, tiene muchas fuentes, pero no se ha considerado el latifundio legalmente adquirido.
 

El Gobierno y las Farc aún mantienen diferencias en el número de personas que no tienen tierra y que deben adquirirla a partir de los acuerdos de paz.

La guerrilla, por ejemplo, considera que 250.000 campesinos es un número bajo frente al tamaño del despojo y el desplazamiento que ha habido por el conflicto armado.
 

Las Farc citan una cifra de entre 6 y 8 millones de campesinos a los que les han arrebatado la tierra o la han tenido que abandonar por la violencia de los distintos grupos armados de Colombia.
 

El tamaño de las zonas de reserva campesina
 

Las Farc han hablado de que los campesinos organizados en zonas de reserva campesina, reconocidas y no reconocidas, ocupan 9,5 millones de hectáreas.
 

El Gobierno dijo ayer que estas zonas serán “vigorizadas”. Sin embargo, parte de la base de que solo deben crearse las que son necesarias por circunstancias especiales de violencia contra los campesinos y para proteger su propiedad sobre la tierra.
 

La diferencia en este punto ha estado en el número de zonas que deben constituirse.
 

Actualmente, según cifras oficiales, ocupan 811.000 hectáreas.
 

Las Farc, como bien se lo dijeron a EL TIEMPO la semana pasada, no se oponen a la explotación minera y la inversión extranjera, pero consideran que el Estado no cumple con los controles que debe hacerles y que, incluso, han sido ordenados por la Corte Constitucional.
 

Uno de los puntos de la guerrilla sobre la minería es que esta le está robando a la producción de alimentos, mientras que Colombia los importa.
 

También dicen las Farc que las reservas forestales se están agotando por la explotación minera.
 

MARISOL GÓMEZ
Enviada especial EL TIEMPO
En Twitter: @margogir