Crisanto Gómez recibirá unos $ 400 millones por privación de la libertad. Estuvo preso 4 años.
Dos años después de que José Crisanto Gómez, el hombre que cuidó al hijo de Clara Rojas que nació mientras que ella estuvo secuestrada por las Farc, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, este recibirá una indemnización por parte del Estado.
Gómez estuvo detenido cuatro años y tras salir de la cárcel fue nuevamente condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 33 años de prisión. Estaba acusado por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, falso testimonio y fraude procesal. (Lea también: 'Mi vida todavía sigue en peligro': cuidador del hijo de Clara Rojas)
Él recibió de las Farc al niño en las selvas del Guaviare, sin saber –según su relato– que se trataba del hijo de la ahora congresista. En sus manos estuvo hasta que el estado de salud del niño se complicó y terminó por entregarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El niño había nacido en cautiverio en abril del 2004 y cinco meses después sufría las consecuencias de una fractura en su brazo, además de otras enfermedades adquiridas en la selva. El menor fue sacado del campamento en enero del 2005 y llevado adonde un curandero, que resultó ser el suegro de José Cristanto Gómez.
Los guerrilleros dejaron al menor con ellos asegurando que regresarían al día siguiente, pero volvieron cuatro meses después.
Luego de que Gómez tuvo un problema con el jefe del frente de la guerrilla que hacía presencia en la zona, abandonó el lugar con toda su familia. El menor fue hospitalizado y Gómez se presentó como su abuelo. Sin embargo, los funcionarios del ICBF determinaron que el niño fuera trasladado a Bogotá.
Las pruebas a su favor
En el 2007, las Farc anuncian la entrega de Rojas y su hijo, lo que aumentó las presiones y amenazas contra Gómez y su familia por parte de la guerrilla que intentaba localizar al menor. (Lea: Claves de la absolución al campesino que cuidó al hijo de Clara Rojas)
Entonces, el presidente Álvaro Uribe anunció que el niño no estaba en poder de las Farc sino en un hogar de bienestar en el sur de Bogotá. Solo hasta ese momento, dice Gómez, supo que el menor que había tenido bajo su cuidado era el hijo de Rojas, liberada por la guerrilla en enero del 2008, tras casi seis años de secuestro.
La Corte Suprema, cuando lo absolvió, señaló que el tribunal que lo había condenado desconoció que Gómez pasó un momento de “coacción” y “miedo”, por lo que no había podido negarse a recibir al niño cuando, según su testimonio, las Farc lo obligaron a hacerse cargo de su cuidado.
Y fue esa decisión del alto tribunal la que le permitirá a Crisanto Gómez recibir un pago cercano a los 400 millones de pesos, tras la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación contra la Nación, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
Gómez interpuso la acción en mayo del año pasado en representación propia, de sus siete hijos y de su hermana, quienes, de acuerdo con su versión, se vieron afectados con su detención. Argumentaba graves perjuicios morales y materiales.
En la absolución de Gómez, la Corte Suprema consideró que cuando los guerrilleros fueron a su casa y le entregaron al menor él “no tenía alternativa distinta a obedecer”.
La Corte también aseguró que tanto los testimonios de los habitantes de la zona como de los mismos guerrilleros y secuestrados dan cuenta de que Gómez no era miembro de las Farc, al contrario de lo señalado en la sentencia del Tribunal.
Con estos argumentos, la Corte confirmó la decisión de primera instancia que consistía en absolverlo.
Desde que Gómez está libre, ha denunciado amenazas en su contra y ha tenido protección del Estado. Su experiencia como cuidador del hijo de Clara Rojas dio para que se filmara la película 'Operación E', que relató lo que vivió en la selva y en prisión.
Aumento en conciliación
El caso de Gómez, que se notificará en los próximos días cuando salga el acta oficial, hace parte de los 10.676 acuerdos conciliatorios que se consolidaron en el 2014 con mediación de la Procuraduría.
Justamente, el año pasado aumentó en un 95,5 por ciento este tipo de acuerdos, lo que, según el Ministerio Público, permitió un ahorro patrimonial al Estado de 424 millones de pesos y evitó un desgaste en el tema procesal.
Según el Procurador delegado para la conciliación administrativa, Roberto Serrato, “la indemnización por privación injusta de la libertad es la causa más común para este tipo de procesos. Sin embargo, una de las razones por las que en la mayoría de casos no prosperan es por la inminencia de las pruebas en su contra o porque las pretensiones económicas son muy altas”.
