«Al principio estaba impactada, no sabía que en Colombia pasaba todo eso. A veces me daba mucha tristeza, en otras entraba como en shock; hubo un momento en que no dormía ni dejaba de pensar en las personas que habían declarado. Ahora no siento nada y no sé si eso es bueno».
El testimonio es de una fiscal que hizo parte de un estudio realizado por el Instituto de Estudios de la Procuraduría para evaluar la salud mental de 1.163 funcionarios, muchos de ellos jueces y fiscales, que atienden a víctimas del conflicto armado. Las conclusiones son tan fuertes que los autores de la investigación recomiendan incluir a estos funcionarios como «profesionales en alto riesgo».
La depresión y la desesperanza representan las alteraciones de ánimo más comunes. Estas manifestaciones las reportó el 25 por ciento de los entrevistados. Otros evidenciaron síntomas de agresividad o irritabilidad, pánico o fobias, y un siete por ciento podría estar en riesgo de alcoholismo. Es el caso de una trabajadora social, que reportó que empezó a beber con alguna frecuencia después de una audiencia en la que se describieron los abusos sexuales cometidos por los ‘paras’ en los Montes de María.
Pero, el estrés y la fatiga profesional también producen secuelas físicas. La mitad de los encuestados dijo sufrir de continuos dolores de cabeza, de espalda y musculares; problemas digestivos y bruscos cambios de peso. Un abogado de la Defensoría Pública dijo que empezó a sentir que el lado izquierdo del cuerpo se le inmovilizaba y se le agudizó un dolor en el oído.
«Fui al psiquiatra y me diagnosticó un síndrome somatomorfo, es decir, lo que emocionalmente me afectaba se volvía dolor», contó. Otro factor que incide en esta situación son las condiciones en las que trabajan.
«Nos hacen contratos de cuatro meses y para renovarlo se demoran casi 30 días. Eso significa que en el año hay tres meses que no recibimos sueldo», cuenta un historiador que maneja proyectos de memoria histórica en una unidad de Justicia y Paz.
También incide el maltrato por parte de las víctimas o de los victimarios. Así lo relató otro de los encuestados, un psicólogo de Acción Social: «Un desplazado se llenó de resentimiento por la demora del dinero de la reparación. Intenté explicarle las complicaciones que había con el envío de los cheques pero cogió la silla donde estaba sentado y me la puso en la cabeza. Pensé en renunciar pero me cambiaron de cargo», señaló.
El Centro de Estudios de la Procuraduría recomienda revisar los contratos de estas personas -que en muchos casos es por prestación de servicios- y que no solo generan inestabilidad laboral sino que impide la continuidad de los programas de atención y reparación de víctimas.
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