Los colombianos esperamos que este audaz gesto del presidente Santos conduzca, más temprano que tarde, a superar el conflicto armado.
Pero hay que hacer memoria. En cierta forma, las Farc surgieron como un subproducto de la guerra fría, pues sus primeros líderes pertenecían a las guerrillas liberales del sur del Tolima, enfrentadas a la persecución de dictaduras civiles y militares.
Tras la Operación Marquetalia, se convirtieron en guerrillas comunistas, al cobijo de la revolución cubana. Crecieron al amparo de instituciones políticas excluyentes y de situaciones sociales y económicas fáciles para incorporar a sus filas campesinos sin tierra y estudiantes ilusos que veían cercano el triunfo de una revolución socialista.
Un generoso proceso de paz durante el gobierno Betancur se frustró por la torpe actitud del establecimiento, que toleró el paramilitarismo y permitió la eliminación física de la Unión Patriótica. Al involucrarse en el narcotráfico y el secuestro, perdieron el norte. Nunca tuvieron posibilidades reales de tomarse el poder por las armas, pero sí mantuvieron, y mantienen, gran capacidad de daño. De ahí la importancia de este nuevo proceso, pero hay que decirlo con claridad: el mayor problema del país no es la guerrilla.
El Ministro de Defensa ha recordado que las acciones guerrilleras afectan apenas al 5 por ciento de la población. La seguridad es una de las principales preocupaciones de la gente. Sin embargo, no es la guerrilla su causa principal. Hay más homicidios ocasionados por riñas, intolerancia o vandalismo que por acciones bélicas.
Los delitos contra la propiedad ocupan el segundo lugar entre las acciones delictivas, sin conexión alguna con el conflicto. Los secuestros extorsivos aumentan, dentro y al margen del mismo.
Por ello, resultan más eficaces las acciones policivas que las contraguerrilleras propiamente dichas. Solo el 10 por ciento de la delincuencia, según la Policía Nacional, está asociada al conflicto. Lo demás es delincuencia común y organizada, en conexión con fenómenos como narcotráfico, pandillas o bandas criminales.
Casos como el del señor Chíquiza, muerto por la ineficacia del sistema de salud, más la corrupción vinculada al mismo, tienen en jaque al sector, uno de los temas que más inquietan a los ciudadanos, también al margen del conflicto. De otro lado, las obras públicas nunca se terminan y acaban costando hasta veinte veces más que lo programado.
¿Y qué decir de la corrupción, directamente vinculada al sistema político, siempre viciado? Mientras, vía clientelismo, se privatice el Estado para entregarlo a grupos políticos, ninguna ley la acabará.
Sí, tenemos elecciones cada cuatro años. Pero no nos preocupamos por saber cómo llegan los ciudadanos a votar, ni sus motivaciones. ‘Delfinazgos’ y nepotismo impiden la renovación política real.
Por más reformas que se aprueben, el sistema político sigue ‘atascado’. No hay partidos de verdad. Por eso casi ninguno se atreve a presentar lista cerrada al Congreso.
Y ni hablar de las desigualdades sociales, que no son la causa de la violencia pero pueden ser un catalizador. La niña de Mariquita que se suicida a los 14 años es una radiografía del drama infantil que nuestra sociedad indolente desestima.
Obvio que ganaríamos mucho superando este absurdo conflicto que tantas muertes ha causado y puede seguir causando. Terminarlo serviría, por ejemplo, para redefinir las funciones entre Ejército y Policía y para destinar a la salud, la educación y la estructura vial lo que hoy se emplea en combatir la guerrilla.
Se puede poner fin al conflicto. Y ojalá se haga. Pero no habrá paz mientras todos estos factores disociadores permanezcan. O sea que no podría firmarse la paz para que todo siguiera igual. O peor.
No podemos seguir el ejemplo de Centroamérica.
