Entre el desconcierto y la indignación se debatían hace tres meses la opinión nacional y la mundial. El exdiputado del Valle Sigifredo López era acusado por la Fiscalía como cómplice de las Farc en su propio secuestro y el de sus 11 compañeros, absurdamente asesinados en cautiverio en el 2007. No solo era un caso doloroso e increíble, sino uno de los más escandalosos en la llamada ‘Farcpolítica’. No podía ser que un hombre que lamentaba y lloraba la muerte de sus colegas, que permaneció siete años en las garras de las Farc, como lo narra en su libro El triunfo de la esperanza, hubiese sido el planificador del secuestro, realizado el 11 abril del 2002.
Pero el verdadero «triunfo de la esperanza» para Sigifredo López y su familia llegó este martes, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, después de una seria investigación y de verificación de testimonios que se fueron derrumbando, salió a reconocer que la justicia había sido engañada, y el acusado recobró de inmediato su libertad en conmovedor acto.
Si bien la Fiscalía fue llevada al error, dentro de su tarea como ente investigador, cuando tenía pruebas aparentemente creíbles, en un acto público y con sentido de justicia, el Fiscal pone en limpio el caso, que en mucho le devuelve la honra al acusado.
Pero, despejada la incertidumbre, lo que se ha develado también es un hecho de enorme preocupación para el aparato judicial y para la sociedad en general. Nada menos que detrás de todo se perfila una tenebrosa fábrica de falsos testigos, que al parecer buscan ganar notoriedad, prebendas judiciales movidos por quién sabe qué más intereses ocultos, sean políticos o económicos.
De modo que si está a punto de cerrarse el penoso capítulo para Sigifredo, se abre otro caso que debe llevar preocupación desde al más humilde colombiano hasta a los altos poderes judiciales. Y, desde luego, que también necesita claridad. Los encargados de aplicar justicia deben andar con pies de plomo, porque los falsos testimonios pueden llevar a injusticias irreparables. Es un riesgo que siempre se corre en las investigaciones judiciales; pero minimizarlo es urgente. Pues, además, le cuestan millonadas al Estado. Y, en este caso, verificar si hay un complot oculto. Eso debe también esclarecerse pronto. Porque no solo debe triunfar la esperanza, sino la justicia.
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