Asamblea de obispos analiza el impacto ambiental y social de esa industria en el país.
«Somos conscientes de la gran importancia que tiene la minería como locomotora para el desarrollo del país, pero también de los grandes riesgos que representa. Sabemos que esta actividad puede traer consecuencias graves para comunidades locales y el medio ambiente», afirmó monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, al explicar que en la asamblea de obispos, que comenzó este lunes en Bogotá, se analizará el impacto ambiental y social de esta industria.
Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social, informó que su despacho hizo un estudio con 44 diócesis en todo el país y corroboró que en al menos el 27 por ciento del territorio nacional hay actividades de explotación o exploración minera.
«Hay presencia de minería en 36.000 hectáreas de parques nacionales, en 14.700 de zonas de reserva forestal, en 106.000 hectáreas de páramos y en 9.000 hectáreas de humedales», denunció monseñor Henao.
La mayor parte de las diócesis considera que se prevé la reubicación o desplazamiento de comunidades por proyectos minero-energéticos por parte de grandes compañías nacionales e internacionales.
«Hay un fenómeno de desplazamiento y reubicación que tendría impacto sociales y culturales muy importantes. Se habla de deterioro del tejido social, del aumento de la inseguridad», añadió monseñor Henao al explicar que el desplazamiento o reubicación es producto de la contaminación del agua o porque los campesinos ya no tienen dónde cultivar la tierra, porque estos proyectos requieren desarrollarse en sus territorios.
Este obispo también denunció explotación laboral infantil, la degradación de la vida social y la presencia de grupos armados ilegales en proyectos mineros.
A la iglesia también le preocupa la presencia de megaproyectos mineros en territorios ancestrales, lo que afecta las tradiciones y la supervivencia de las comunidades indígenas.
REDACCIÓN VIDA DE HOY
@JoseaMojicaP
