El vicefiscal General Jorge Perdomo argumenta que Daniel Rendón («Mario»), exjefe del bloque Centauros y desmovilizado del Élmer Cárdenas, «no cumple los requisitos de elegibilidad para acceder a la pena alternativa de 8 años».
Explica que tras la reinserción (2006) conformó un grupo que nombró Héroes de Castaño y luego Autodefensas Gaitanistas o «Urabeños». No obstante, llama la atención que pidan excluirlo 3 años después de que iniciara su rol en Justicia y Paz.
Durante el proceso, por el cual el Gobierno frenó su extradición en 2009, «Mario» entregó $200 millones y 12.000 hectáreas de tierra para la reparación (valoradas en $30 mil millones), le imputaron 105 crímenes, lo condenaron por tres homicidios y lo acusaron de otros dos.
En el caso de Francisco Zuluaga, «Gordo Lindo», el vicefiscal señala que «no se logró establecer que perteneciera a alguna estructura de las Auc. Se dedicó exclusivamente al narcotráfico».
De nuevo, da la impresión que la entidad tomó decisiones tardías. Durante su participación en Justicia y Paz, desde la cárcel, este extraditado se comprometió a entregar 22 bienes para la reparación, valorados en $5.000 millones; le imputaron 11 delitos, incluyendo la masacre del Naya (Valle), donde los ‘paras’ mataron a 22 personas (10/4/01).
Para imputarle crímenes a un postulado, la Fiscalía debe probar su militancia en el grupo ilegal. Eso había pasado con «Gordo Lindo», según la audiencia de imputación del 06/8/12. Allí se dijo que fue cabecilla financiero del bloque Calima y se desmovilizó con el Pacífico.
Hoy, sin embargo, el organismo se echó para atrás, desvirtuando sus propias pruebas, al decir que Zuluaga nunca perteneció a las Auc. «Tenemos dudas en que eso haya sido bien imputado», reconoce Perdomo.
Frente a la pregunta por la demora, cuenta que solo desde 2012 la entidad empezó una depuración del proceso. Esto, a su juicio, beneficiará a las víctimas, pues los abogados de postulados que antes callaban, ya dicen que van a colaborar para que no los expulsen.
Otra razón para la depuración es que el actual proceso dará las pautas para uno futuro con la guerrilla, «por eso no podemos estar beneficiando a gente que se burla de la ley».
Silvia Quintero, integrante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, señala que estas decisiones poco afectan algo que «nació torcido». «Justicia y paz no ha habido para las víctimas, porque no han dicho la verdad, hubo falsas desmovilizaciones, extraditaron a estos ‘paras’ para ser juzgados por otros delitos y no los que cometieron en Colombia. Justicia y Paz ha sido un proceso de impunidad».
Para Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia de la U. Sergio Arboleda, «las reglas siempre fueron claras, si los desmovilizados seguían delinquiendo serían excluidos y perderían los beneficios de la ley».
En la cuerda floja
En el fondo se pronostica esta cuestión: si a estos dos reinsertados los quieren excluir porque delinquieron tras la desmovilización y fueron narcos, ¿esos mismos argumentos no se aplican a los otros comandantes?
Incluso, el Gobierno anterior justificó las extradiciones de exparamilitares porque habían reincidido en delitos. Otros desmovilizados siguen postulados y participando en audiencias por teleconferencia.
Para el vicefiscal, los argumentos que tienen en la cuerda floja a Rendón y Zuluaga sí podrían endilgarse a los demás comandantes, ya que «estamos aplicando el mismo rasero, revisando caso por caso».
La Fiscalía anunció que solicitará la exclusión de 354 de los 4.666 postulados; entre esos advertidos hay 8 excomandantes, cuyos nombres, salvo los de «Mario» y «Gordo Lindo», mantiene en reserva.
En abril el Tribunal de Bogotá decidirá el caso de «Mario», mientras que el de Medellín lo hará con «Gordo Lindo» (abril 29, 8:15 a.m. en el Palacio de Justicia).
