Al condenar el asesinato de Carlos Alberto Pedraza, joven líder del movimiento agrario, ONU dice que urge romper muerte e intimidación contra defensores de derechos humanos.
3 de febrero de 2015
Carlos Alberto Pedraza sí fue asesinado. Esa es la primera conclusión que se desprende del comunicado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su muerte ocurrió en extrañas circunstancias. Extrañas no porque en Colombia no se hayan presentado casos con el mismo modus operandi, sino porque en tiempos en los que se habla de posconflicto y, por tanto, de apertura democrática sorprende que líderes sociales sigan enfrentados a estas prácticas.
“Las amenazas, asesinatos y desapariciones de las que han sido víctimas, por décadas, las defensoras y defensores de derechos humanos en sentido amplio han buscado acallar sus voces y evitar sus demandas por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa. La impunidad de sus autores ha enviado el mensaje que el Estado no es capaz de evitar que vuelvan a hacerlo”, dijo la Oficina de la ONU al evaluar el caso de Pedraza, joven egresado de la Universidad Pedagógica y quien había ganado un liderazgo dentro de la organización social y popular Congreso de los Pueblos.
Según esta organización, el trabajo de Pedraza consistía en coordinar las tareas de la región Centro-Oriente con Bogotá en temas tan sensibles como los minero-energéticos. “El que los autores y su motivación sean desconocidos no ha disminuido el impacto intimidatorio que ha tenido este asesinato en la ciudadanía y en los movimientos sociales y de derechos humanos”, dijo la ONU al condenar el asesinato.
Esta Oficina insistió en el deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia. Quizá por ahora que se está hablando de garantías de no repetición la impunidad no ayuda, ya que “cuando el Estado falla la impunidad promueve la repetición de los crímenes y la expansión de la inseguridad impide ejercer nuestros derechos”.
Así que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos invita al Estado Colombiano a cumplir con su deber estatal de cuidar la vida de sus asociados, en especial cuando las víctimas son líderes sociales, étnicos y defensores o defensoras de derechos humanos, pues ellos se dedican a trabajar por los derechos de los demás.
“En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz, el asesinato de Carlos Alberto pone de relieve que persiste la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos y que apuestan por construir un país en paz”, añadió la ONU al recordarnos que hay una tendencia histórica de impunidad que el país debe romper y la forma de hacerlo es realizar todos los esfuerzos y disponer todos los recursos para identificar a los responsables de las agresiones y crímenes, esclarecer su motivación y aplicar las sanciones establecidas en la ley.
