Desde ayer se adelanta la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y abuso de autoridad a 11 militares que en el 2008 en zona rural del municipio de San Agustín, le habrían causado la muerte al campesino Ever Urquina Rojas, a quien luego hicieron pasar como guerrillero.
Con presencia de una delegación de defensores del Derecho Internacional Humanitario de la ONU, se tramita desde ayer en el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de San Agustín la audiencia de imputación de cargos contra 11 militares adscritos para la época de los hechos, al Batallón de Infantería N° 27 Magdalena con sede en Pitalito.
Los militares están implicados en un caso de los conocidos falsos positivos, por la muerte del campesino Ever Urquina Rojas en el marco de la operación militar Ébano, el 17 de enero de 2008, en la vereda El Carmen Jurisdicción del Municipio de San Agustín.
La Fiscalía 76 Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que lleva el caso, señala a 6 de los militares de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, y a los otros 5 por abuso de autoridad.
Según se ha conocido en la investigación, Ever Urquina Rojas, de 33 años de edad y quien residía en zona rural de Acevedo, pasaba unos días en casa de su hermana en el municipio de Pitalito. Hacia las 3:00 de la tarde salió a dar una vuelta al centro de la ciudad, y nunca más regresó.
A partir de ese momento empezó el drama para la familia que lo buscó por todas partes entre amigos, familiares y conocidos en varios departamentos y nadie dio razón del campesino. A los 8 días la familia se enteró que Ever había sido enterrado en el cementerio local de San Agustín tras ser dado de baja como guerrillero muerto en combate, en la vereda El Carmen.
Al labriego entonces lo cambiaron de ropa y le colocaron botas de caucho, además le instalaron junto a él un bolso negro, cordón detonante, un revolver viejo, y le botaron los documentos personales.
La familia de Urquina Rojas procedió a colocar las respectivas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, y a realizar lo concerniente para la exhumación y el traslado del cuerpo al municipio de Pitalito donde se le dio cristiana sepultura.
Los militares implicados en el hecho son el total 12, el sargento segundo William Andrés Capera Vargas, prófugo de la justicia; el cabo tercero José Roldan López Cerón, quien se encuentra preso por otro caso, y los soldados profesionales José Yati Anacona Bueno, José Alfredo Córdoba Vargas, Oscar Mauricio Álvarez Cuellar, Humberto Javier Cerón Sánchez, Jorge Eliecer Urbano Ortiz, Eliecer Alfonso Jojoa Ruiz, Faiver Hernán Buesaquillo Quinayas, Darío Zúñiga Ruiz, Yiminson Hurtado Hurtado Y Jhon Kenedy Guevara Campo.
El grupo pertenecía al pelotón Azteca, bajo el mando del comandante del Batallón de infantería Magdalena en esa época, el Teniente Coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
Violación a los derechos Humanos
La Procuraduría General de la Nación además realizó pliego de cargos el 31 de diciembre de 2012 contra los 12 uniformados.
En uno de los apartes de la decisión del Ministerio Público, precisa que “los militares le habrían causado la muerte a un campesino que no participaba directa ni indirectamente en las hostilidades del conflicto armado. El evento fue calificado por la autoridad militar como una muerte en combate, siendo una afirmación por ahora no aceptada debido a las contradicciones encontradas en el informe presentado por el investigado comandante y las explicaciones luego ofrecidas por el mismo y demás versionados”.
Ante estos hechos se indica que los 12 militares habrían incurrido en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta que se trata de una persona protegida en el momento de ocurrencia los hechos materia de investigación disciplinaria. La audiencia de imputación continúa hoy en San Agustín.
