William Alfred, uno de mis maestros más admirados de la universidad, resumía su pensamiento ético en una frase: “Jamás debemos aceptar lo inaceptable”. Por eso, la defensa del Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la tragedia del Palacio de Justicia, es un buen ejemplo de esta filosofía. Porque es inaceptable.
Apenas cinco días antes de vencerse el plazo para presentar el alegato en defensa del Estado, renuncia el encargado del caso, el jurista Jorge Enrique Ibáñez, y lo reemplaza el abogado Rafael Nieto Loaiza, quien prepara, volando, un documento de casi 350 páginas en donde niega que hubo desaparecidos en la retoma del Palacio por las Fuerzas Armadas, el operativo que dejó, como saldo, la destrucción total del edificio, sede de la justicia colombiana, y unos 100 muertos entre militares, guerrilleros y civiles, incluyendo 12 magistrados y 30 cadáveres sin identificar.
No hay duda: la culpa de lo ocurrido esos días está repartida en tres. En primer lugar, el M-19, que promovió un atentado violento y demencial en pleno centro de la capital, a sueldo de Pablo Escobar, para desaparecer los expedientes de los narcotraficantes pedidos en extradición. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas, que retomaron el Palacio a sangre y fuego, aplicando un despliegue de armas brutal y desproporcionado, con tanques disparando cañonazos mientras, adentro, los magistrados y unas 350 personas eran retenidas como rehenes por la guerrilla. Por último, el gobierno Betancur que, entre ser apartado por los militares durante la retoma o ser apartado de manera definitiva mediante un golpe de Estado, escogió lo primero.
Tampoco hay duda en esto: durante las 28 largas horas que duró la pesadilla, el Ejército rescató a unas 260 personas del edificio y las salvó de la muerte, una proeza por la cual varios soldados sacrificaron la vida. Pero también es cierto que los militares se excedieron, que algunos cometieron crímenes atroces y hasta torturas. Y que hubo desaparecidos.
Las pruebas, además de varias sentencias judiciales que han condenado al Estado por once personas desaparecidas, y de las tesis de la Comisión de la Verdad, que estudió el caso a fondo y produjo un excelente y detallado informe que recreó lo sucedido en el Palacio, son tres. En primer lugar, varios de los desaparecidos fueron vistos con vida afuera del Palacio, incluso filmados por noticieros de la época, y nadie volvió a saber de ellos. En un video el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán sale vivo del Palacio, cojeando, pero al día siguiente apareció muerto adentro del edificio, con un tiro de gracia en la cabeza. Su valiente esposa reconoció a Urán en el video, y sus papeles de identidad aparecieron, años después, en el Cantón Norte del Ejército. En segundo lugar, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega admite que hubo desaparecidos. Él ha insistido que no es responsable de esos crímenes, pero no desconoce su existencia. En tercer lugar, las familias de las víctimas. Nadie dura 28 años reclamando justicia, invocando su derecho a la verdad, pidiendo claridad sobre la suerte de sus seres queridos, y haciendo todo eso en vano.
Las atrocidades del Palacio de Justicia no pueden quedar impunes. Negar que allí hubo desaparecidos es infame. Y es inaceptable.
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