Sin embargo, hoy, cerca de dos años después, hay que registrar con preocupación que el departamento es noticia no por la materialización de las mencionadas promesas, sino por la manera como muchos de sus problemas se han agudizado, en particular el de la seguridad. El intento de atraco a dos turistas argentinos, que dejó a uno de ellos gravemente herido, volvió a poner el dedo en una llaga por décadas abierta.
Por supuesto que en este tiempo ha habido avances, como los que enumera en su carta de renuncia a su rol de asesor gubernamental para esta región el exministro Rudolf Hommes –otro hecho preocupante–. Es muy importante la diversificación de las fuentes de energía eléctrica. Así mismo, un crédito del BID para elevar la calidad de vida allí, que financiará, entre otros, el mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado; o el rescate de barrios marginales. Y hay otros proyectos andando, como la generación de empleo. Pero, como queda claro en la misiva, hay múltiples y a veces absurdos escollos para concretar los anuncios.
La relación de San Andrés y el Gobierno central aún no se plantea en unos términos satisfactorios para ambos lados. La inclusión de los raizales, que conlleva el respeto a su trayectoria histórica y a su cultura, se sigue dando sobre todo en la retórica. Y esto tiene mucho que ver en que la isla no haya encontrado su rumbo, razón por la que su tejido social hoy se ve carcomido por una plaga, como es la tentación del dinero rápido.
Por ahora, hay que priorizar. Y aquí la seguridad aparece en el primer lugar de la lista. El crimen organizado no puede doblegar a las autoridades en un territorio de 27 kilómetros cuadrados rodeado de mar. Pero eso es lo que parece estar ocurriendo, debido, en gran medida, a que solo existe desconfianza entre la Policía y la gente y a que, según conocedores de la situación, a esta institución le falta apretar la rienda en la tarea de mantener a raya los tentáculos de las mafias en sus filas. Se requiere así mismo una estrategia para mejorar la seguridad que no se limite a rotar al personal, incluido el comandante. Urge la presencia de expertos en seguridad urbana.
Pero no toda el agua sucia puede caer sobre el Gobierno. En la repartición de culpas, algo le toca a la sociedad civil de la isla, que no ha logrado organizarse y, sobre todo, promover líderes y voceros con representatividad suficiente. También le corresponde complementar con sanción social la labor de las autoridades contra las bandas criminales.
Al tiempo, hay que trabajar en otros frentes. Que los jóvenes puedan continuar con su educación al terminar el bachillerato, explorar nuevas modalidades de turismo orientadas a otros segmentos del mercado que representen un mayor beneficio para la economía local. Otros sugieren jugársela por la promoción del deporte y las industrias culturales.
Cualquiera que sea la dirección, hay que actuar rápido. Por más trillado que suene, estamos ante una bomba de tiempo. Para desactivarla, lo primero es que autoridades y comunidad isleña logren, por fin, hablar el mismo idioma y entre ambos acordar un rumbo para el departamento.
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