El equipo técnico del Incoder junto con el IGAC y la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, denunciaron este miércoles que la diligencia de inspección que estaba programada para el pasado martes 21 de agosto, fue interrumpida en horas de la mañana después de que se impidiera el ingreso de los campesinos y delegados de las dos asociaciones que participan como terceros en el proceso, ASOCOL y ASODACAR.
Para el Instituto es necesaria la participación de estas asociaciones en la inspección ocular por parte de los campesinos, pues fueron estos quienes solicitaron la realización del proceso. “En la inspección ocular se practican las pruebas que sean solicitadas por las partes y los interesados, por lo que impedir la participación de los campesinos vulnera su debido proceso. Además, se trata de población campesina vulnerable, en situación de desplazamiento forzado, y que se encuentra amenazada”, dice el documento.
Según el Incoder, quienes se opusieron al ingreso fueron José Alberto Martínez, jefe de seguridad privada de la empresa agropecuaria La Gloria; el abogado Jorge Enrique Martínez, apoderado de la sociedad M.R de Inversiones S.A.S., y la abogada Orieta Daza, apoderada del Grupo Agroindustrial S.A. “Ellos manifestaron que la orden de impedir el acceso de los campesinos proviene de la Gerencia General del grupo empresarial de la Dolce Vista INC”.
Según denunció un año atrás el portal Verdadabierta.com, el proyecto agroindustrial que se desarrolla en los predios de la hacienda Bellacruz, pertenece a la firma La Dolce Vista y su accionista mayoritario es Germán Efromovich con el fondo de inversión de capital de riesgo (hedge fund) Elliott de Nueva York, cuya cabeza es el reputado hombre de finanzas Paul Singer.
El caso de la Hacienda Bellacruz
La investigación realizada por Verdadabierta, que en el 2011 destapó la historia de la la Bellacruz, una hacienda de 8.200 hectáreas que están ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalame.
Desde el 2011 la hacienda ha estado bajo el proceso de recuperación de baldíos por parte del Incoder. Concretamente los predios de: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que fueron declarados como baldíos dentro del proceso de clarificación de la propiedad culminado mediante la Resolución No. 01551 del 20 de abril de 1994 por el antiguo INCORA. Esta decisión fue reprochada sin éxito ante el Consejo de Estado, que rechazó la demanda.
La Hacienda Bellacruz ha sido uno de los casos más sonoros en el proceso de restitución de tierras, debido al desplazamiento violento que allí sufrieron decenas de campesinos “y por la aparición actual de los llamados ejércitos antirrestitución de tierras”, denuncia el incoder.
